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Domingo, 14 de Septiembre de 2025

Actualizada Domingo, 14 de Septiembre de 2025 a las 17:30:26 horas

Juan José Martínez
Lunes, 03 de Marzo de 2025 Tiempo de lectura:
Noticias de Benidorm

La Audiencia Provincial de Alicante fija la fecha del juicio por el 'Caso Enchufes' en el Ayuntamiento de Benidorm

Dos exconcejales socialistas, dirigentes sindicales y técnicos municipales se enfrentarán a penas de hasta 15 años de inhabilitación y cuatro años de prisión

Tras más de una década de investigación, el conocido 'Caso Enchufes' del Ayuntamiento de Benidorm se encamina finalmente a juicio. La Audiencia Provincial de Alicante ha fijado el inicio del juicio oral para el 6 de noviembre de 2025, con varias sesiones programadas en diciembre. El proceso judicial busca esclarecer la presunta adjudicación irregular de contratos y pluses salariales en el consistorio benidormense durante el gobierno socialista, con un perjuicio estimado de 4,5 millones de euros para las arcas municipales.

Tras más de una década de instrucción, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha señalado el 6 de noviembre de 2025 como fecha de inicio del juicio oral del conocido como 'Caso Enchufes' del Ayuntamiento de Benidorm. Las sesiones se celebrarán los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 horas.

 

Este procedimiento investiga la presunta contratación irregular de personal y la concesión de pluses salariales sin justificación durante el gobierno socialista en el consistorio benidormense. La Fiscalía y la acusación particular han solicitado penas de hasta cuatro años y siete meses de prisión, así como 15 años de inhabilitación para los exconcejales de Personal y Recursos Humanos y Hacienda, Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, respectivamente.

 

También están procesados el secretario general de UGT en Benidorm y coordinador de Personal y Recursos Humanos, Daniel Caneiro, la número uno de CCOO y jefa de Negociado de Personal, María Matilde Martínez Pérez, y varios técnicos municipales, como la jefa de Personal, Carmen Navarro Orts, el jefe de Nóminas, Julio Fernández Lleras, y el jefe de Contratación y Gestión de la Seguridad Social y concejal socialista en Relleu, José Asensio Salamero.

 

A los acusados se les imputan delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A lo largo de la instrucción han intentado sin éxito evitar sentarse en el banquillo mediante recursos que han sido desestimados.

 

Un perjuicio económico de 4,5 millones de euros

 

Según la investigación, liderada por la Fiscalía tras una denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), durante los años de crisis económica en los que se prohibieron contrataciones en las administraciones públicas, en Benidorm se continuó contratando personal de forma desproporcionada, sin justificación legal y con relaciones familiares o políticas con el equipo de gobierno socialista.

 

El Ministerio Público ha cifrado el perjuicio económico para las arcas municipales en 4,5 millones de euros. Se destaca que uno de los encausados, el representante de UGT, llegó a percibir un salario superior al del alcalde. Además, se detectó que entre los beneficiarios de los presuntos enchufes se encontraban el padre, el marido y el hermano de tres concejales socialistas en el momento en que se aprobaron las contrataciones.

 

Entre los testigos que comparecerán en el juicio se encuentran la exsubdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y la actual portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda. Ambas han sido citadas a declarar en las vistas programadas para diciembre.

 

La causa entró en su recta final en mayo de 2023, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm instó a la Fiscalía a formular el escrito de acusación, tras desestimar los recursos presentados por varios investigados para intentar el archivo del caso.

 

El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Alicante, abordará uno de los casos de presunta corrupción municipal más relevantes en la historia reciente de Benidorm, con un gran impacto político y social en la localidad.

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