El Tribunal Supremo ratifica la condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 330 millones por los terrenos de Serra Gelada

El largo litigio que ha enfrentado al Ayuntamiento de Benidorm con los propietarios de los terrenos del sector APR-7 de Serra Gelada, en pleno parque natural, ha llegado a su desenlace definitivo con la inadmisión del recurso de casación presentado por el Consistorio ante el Tribunal Supremo. En una providencia fechada el 2 de abril de 2025, el alto tribunal ratificó la sentencia dictada en mayo de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que había condenado al Ayuntamiento a pagar 283 millones de euros más los intereses legales, lo que eleva la cuantía total a unos 330 millones de euros.

La causa de este largo enfrentamiento radica en los convenios urbanísticos suscritos entre el Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos en 2003, cuando el alcalde Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo que comprometía al consistorio benidormense a compensar a los propietarios de los suelos del sector APR-7 por la declaración de la Serra Gelada como parque natural, lo que imposibilitaba la construcción en esos terrenos. El acuerdo, que se extendió hasta 2018 con diversas modificaciones, nunca llegó a materializarse, lo que derivó en el inicio de un complejo proceso judicial que se alargó por más de dos décadas.

También hay que recordar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1963 clasificó los terrenos de Serra Gelada como urbanos, lo que dio lugar a los convenios de compensación. A lo largo de los años, la ciudad revisó estos acuerdos, pero la falta de ejecución y la declaración de la zona como área protegida complicaron la situación. Además, en 2022, el Consell Jurídic Consultiu en 2022 avaló la nulidad de los convenios.

La sentencia que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo considera que el Ayuntamiento de Benidorm incumplió los compromisos asumidos en esos convenios, por lo que debía indemnizar a los propietarios de los terrenos con una compensación económica por el aprovechamiento urbanístico no ejecutado. Los afectados, las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, habían reclamado una compensación mayor, pero la decisión judicial respaldó un pago total de 330 millones de euros, cantidad que casi triplica el presupuesto anual de la ciudad.

José Domingo Monforte, abogado de los propietarios de los terrenos, ha expresado su satisfacción con la decisión judicial y destacaba la solidez jurídica de la sentencia, afirmando que “hemos tenido siempre la confianza en la Justicia. Los convenios que firma la Administración son para cumplirse y la sentencia del TSJCV, además de justa, era de una excelente factura jurídica y se defendía por sí sola, como ha quedado demostrado con la inadmisión del recurso de casación”.

Fuentes municipales han señalado que el alcalde, Toni Pérez, ha convocado una Junta de Portavoces de urgencia en la tarde de hoy y que este viernes se celebrará una reunión técnica de los servicios jurídicos municipales para analizar el contenido del fallo y sus implicaciones. El gobierno local se pronunciará sobre esta cuestión una vez conozca esa valoración técnica.

Con este varapalo judicial, el proceso por los terrenos de Serra Gelada queda cerrado y la pelota se sitúa sobre el Ayuntamiento de Benidorm, que posiblemente deberá sentarse a negociar o, directamente, asumir las consecuencias de este largo conflicto legal sin precedentes, que ya ha marcado un hito en la historia de la ciudad.