Noticias de Altea
El PP propone que Altea se adhiera al convenio de la Generalitat para asumir competencias y regular las viviendas turísticas no registradas
La moción se dirige a que al Ayuntamiento alteano pueda inspeccionar y sancionar directamente las viviendas fuera de normativa
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Altea ha registrado una moción para que el consistorio se adhiera al convenio entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), con el fin de obtener competencias sancionadoras sobre las viviendas turísticas no regladas. El objetivo es reforzar la gestión municipal, garantizar la legalidad en el sector y proteger tanto a vecinos como a los operadores turísticos que cumplen la normativa.
El Partido Popular de Altea ha solicitado formalmente que el Ayuntamiento alteano se sume al convenio de colaboración firmado entre la Generalitat Valenciana y la FVMP, que habilita a los municipios a asumir competencias para la inspección y sanción de viviendas turísticas que operen al margen de la normativa autonómica vigente.
Según ha informado el edil popular, Paco Berenguer, la finalidad de esta iniciativa es preservar el equilibrio entre actividad turística y convivencia ciudadana, al tiempo que se promueve un modelo de turismo sostenible y regulado. En palabras del concejal, “el objetivo no es demonizar las viviendas turísticas, sino garantizar que funcionen dentro del marco legal, con condiciones de seguridad y calidad tanto para residentes como para visitantes”.
Actualmente, Altea cuenta con más de 1.100 viviendas turísticas registradas, según datos del propio Ayuntamiento. Sin embargo, el grupo popular advierte de la existencia de numerosas viviendas no inscritas que generan “molestias vecinales, problemas de convivencia y competencia desleal” frente a quienes sí cumplen con la normativa.
La adhesión a este convenio permitiría a la administración local abrir y resolver expedientes sancionadores en relación con aquellas viviendas turísticas que incumplan la legislación, sin necesidad de delegar en otras administraciones. Además, reforzaría los servicios públicos municipales mediante una mayor capacidad de gestión directa.
Berenguer ha recalcado que esta medida “no va contra el turismo, sino contra las malas prácticas que afectan negativamente al mismo”. Asimismo, ha señalado que la existencia de viviendas turísticas reguladas “contribuye a la rehabilitación de barrios y dificulta la ocupación ilegal de inmuebles”, siempre que estén integradas en un marco normativo claro.
El Partido Popular espera contar con el respaldo del resto de formaciones políticas representadas en el pleno para que esta moción prospere. “Solo asumiendo esta competencia podremos poner orden y defender un modelo de turismo legal, compatible con la vida cotidiana en Altea”, ha aseverado Paco Berenguer.
La propuesta será debatida en la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento. En caso de ser aprobada, se iniciarán los trámites administrativos necesarios para formalizar la adhesión y comenzar a aplicar los mecanismos de control establecidos en el convenio autonómico.
El Partido Popular de Altea ha solicitado formalmente que el Ayuntamiento alteano se sume al convenio de colaboración firmado entre la Generalitat Valenciana y la FVMP, que habilita a los municipios a asumir competencias para la inspección y sanción de viviendas turísticas que operen al margen de la normativa autonómica vigente.
Según ha informado el edil popular, Paco Berenguer, la finalidad de esta iniciativa es preservar el equilibrio entre actividad turística y convivencia ciudadana, al tiempo que se promueve un modelo de turismo sostenible y regulado. En palabras del concejal, “el objetivo no es demonizar las viviendas turísticas, sino garantizar que funcionen dentro del marco legal, con condiciones de seguridad y calidad tanto para residentes como para visitantes”.
Actualmente, Altea cuenta con más de 1.100 viviendas turísticas registradas, según datos del propio Ayuntamiento. Sin embargo, el grupo popular advierte de la existencia de numerosas viviendas no inscritas que generan “molestias vecinales, problemas de convivencia y competencia desleal” frente a quienes sí cumplen con la normativa.
La adhesión a este convenio permitiría a la administración local abrir y resolver expedientes sancionadores en relación con aquellas viviendas turísticas que incumplan la legislación, sin necesidad de delegar en otras administraciones. Además, reforzaría los servicios públicos municipales mediante una mayor capacidad de gestión directa.
Berenguer ha recalcado que esta medida “no va contra el turismo, sino contra las malas prácticas que afectan negativamente al mismo”. Asimismo, ha señalado que la existencia de viviendas turísticas reguladas “contribuye a la rehabilitación de barrios y dificulta la ocupación ilegal de inmuebles”, siempre que estén integradas en un marco normativo claro.
El Partido Popular espera contar con el respaldo del resto de formaciones políticas representadas en el pleno para que esta moción prospere. “Solo asumiendo esta competencia podremos poner orden y defender un modelo de turismo legal, compatible con la vida cotidiana en Altea”, ha aseverado Paco Berenguer.
La propuesta será debatida en la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento. En caso de ser aprobada, se iniciarán los trámites administrativos necesarios para formalizar la adhesión y comenzar a aplicar los mecanismos de control establecidos en el convenio autonómico.
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