Altea amplía la gestión de su piscina municipal hasta 2030 con más personal y mejores servicios

El pleno del Ayuntamiento de Altea ha acordado este viernes, por unanimidad, ampliar hasta febrero de 2030 la encomienda de gestión de la Piscina Municipal a la Empresa Pública de Desarrollo Municipal. Una medida que, además de consolidar el modelo de gestión pública iniciado en 2022, implicará un refuerzo en la plantilla, pasando de cinco a seis monitores-socorristas y manteniendo dos auxiliares administrativos.

La responsable de Infraestructuras y de la empresa pública, Aurora Serrat, ha señalado que “la ampliación de la concesión permite mejorar el servicio”, destacando “el crecimiento sostenido en el número de usuarios y la calidad del servicio que se está prestando”. Según Serrat, la incorporación de más personal responde a la creciente demanda tanto de residentes como de usuarios de municipios vecinos, además del auge del turismo deportivo vinculado al triatlón.

“El equipo de gobierno apostó por esta vía y los resultados hablan por sí solos. Estamos satisfechos con la profesionalidad de los empleados y la satisfacción de los usuarios”, ha subrayado Serrat en defensa de este modelo público “que está funcionando”. Asimismo, ha puesto en valor “el esfuerzo constante de La Pública por mejorar las instalaciones y los servicios ofrecidos”.

En el mismo pleno, el grupo municipal del Partido Popular presentó dos mociones: una sobre la revisión de los badenes reductores de velocidad y otra sobre la gestión de las viviendas turísticas. Ambas fueron rechazadas por el equipo de gobierno Compromís-PSOE y por VOX.

La portavoz del PP, Rocío Gómez, criticó que “las calles parecen campos de obstáculos con badenes fuera de norma que castigan al ciudadano que cumple con las reglas”. Por su parte, el edil Paco Berenguer lamentó que no se aprobara un convenio que “dotaría al Ayuntamiento de herramientas eficaces para gestionar los usos turísticos residenciales”, denunciando que “el rechazo fue por el simple hecho de venir del Partido Popular”.

El debate político se tensionó aún más cuando el alcalde Diego Zaragozí impidió la intervención del grupo popular por una cuestión de orden y no permitió a una ciudadana realizar una pregunta al término del pleno. El PP denunció estas decisiones como “una muestra del autoritarismo y del temor al debate”.

En el turno de ruegos y preguntas, los populares exigieron al alcalde “mayor respeto institucional” y pidieron explicaciones sobre la actividad de algunos concejales del equipo de gobierno, así como por el uso actual del Centro Social de la Tercera Edad, al que acusan de haberse convertido en un centro de oficinas. El alcalde respondió únicamente con una amonestación por exceder el tiempo asignado.