Cruce de reproches en Benidorm por la ordenanza de Medio Ambiente que aún sanciona en pesetas

La modificación de la ordenanza municipal de Medio Ambiente de Benidorm ha reavivado la confrontación política entre el grupo municipal socialista y el equipo de gobierno del Partido Popular, tras las críticas vertidas por la edil socialista Laura Rubio, que ha denunciado una “inacción prolongada” del gobierno local que lidera Toni Pérez.

Según Rubio, la revisión de la ordenanza fue aprobada por unanimidad en el pleno de octubre de 2015, a propuesta del PSOE, con el objetivo de proteger y conservar el arbolado urbano, pero nunca llegó a ejecutarse. “No se sabe nada desde hace casi ocho años. En 2017 se pidieron informes técnicos para adaptar la normativa a planes como el de Energía Sostenible y Movilidad Urbana, y desde entonces no se ha avanzado ni un paso”, ha afirmado la concejal.

Rubio ha subrayado que el Consejo Municipal de Medio Ambiente no se convoca desde ese mismo año y ha considerado inadmisible que la ordenanza aún contenga sanciones en pesetas, con una publicación que data del 24 de abril de 2002 en el Boletín Oficial de la Provincia. “Se castiga con 25.000 pesetas una infracción leve, mientras se presume de ciudad verde e inteligente. Es una incoherencia absoluta”, ha señalado. La edil socialista ha pedido al alcalde que “deje los viajes y las fotos y se ponga a cumplir los acuerdos plenarios”.

En respuesta, la portavoz adjunta del gobierno y concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha acusado al grupo socialista de “querer enredar” y de “faltar a la verdad”, asegurando que la ordenanza está “prácticamente redactada” y que los socialistas “han estado presentes en las reuniones” en las que se ha abordado su contenido.

Gómez ha precisado que el texto está ligado al nuevo pliego del contrato de recogida de residuos sólidos, aún pendiente de aprobación. “La ordenanza incluye apartados relacionados con el reciclaje que deben ajustarse a lo establecido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, impulsada por el Gobierno central del PSOE, y que todavía no ha aclarado aspectos esenciales para su aplicación”, ha añadido la edil popular.

Desde el gobierno local se insiste en que no se puede aprobar la ordenanza hasta tener una base jurídica y operativa clara en materia de residuos, dado que su aplicación práctica dependerá directamente del nuevo contrato municipal que aún se está elaborando.

La controversia pone de manifiesto la dificultad de actualización de normativas locales complejas, especialmente en áreas como el medio ambiente, donde las competencias se solapan entre distintas administraciones y la legislación evoluciona constantemente.