ICALI rechaza la supresión del Juzgado de Instrucción en Benidorm para crear uno de Violencia de Género

El Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha presentado un escrito ante el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Consejo General del Poder Judicial para manifestar su absoluta disconformidad con la transformación de uno de los cuatro Juzgados de Instrucción de Benidorm en un nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer, según lo previsto en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, con aplicación a partir del próximo mes de octubre.

La medida ha sido recibida con rechazo unánime por parte de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, quienes coinciden en que esta supresión implicará un colapso adicional en una estructura judicial ya saturada. Este rechazo lo capitaneó previamente el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm, que llevaron al pleno municipal una moción institucional exigiendo la reconsideración de esta decisión.

Tal como ha explicado el decano del ICALI, Ignacio Gally, “el Juzgado de Violencia número 1 de Benidorm ya absorbió los casos del partido judicial de Villajoyosa tras la comarcalización, lo que incrementó notablemente su carga de trabajo. Convertir un Juzgado de Instrucción en otro de Violencia de Género no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava”. Además, recordó que el nuevo juzgado no solo asumiría casos de violencia doméstica, sino todos los delitos de naturaleza sexual, lo que incrementaría exponencialmente su volumen de trabajo.

Desde el ámbito jurídico se insiste en que la solución pasa por la creación de un nuevo juzgado específico, manteniendo los actuales órganos judiciales intactos. Así lo ha solicitado también el equipo de gobierno municipal, cuyas portavoces, Lourdes Caselles y Mónica Gómez, manifestaron estar “a favor de reforzar los juzgados especializados, pero no a costa de reducir los existentes”.

En palabras de Caselles, “la justicia en una ciudad como Benidorm, con más de 15 millones de pernoctaciones al año, no puede permitirse el lujo de perder capacidad operativa. El impacto será directo sobre la ciudadanía, que sufrirá retrasos e ineficiencias en sus procesos judiciales”.

El Ayuntamiento, en coordinación con las asociaciones profesionales y operadores jurídicos, ha defendido una posición conjunta: más recursos, no más recortes. Desde el ICALI también se ha expresado su respaldo a todas las acciones de defensa jurídica e institucional que se impulsen desde Benidorm y su comarca para exigir una justicia eficaz, dimensionada y respetuosa con las necesidades reales del territorio.