El TSJCV anula la indemnización de 10 millones de euros que tenía que pagar Altea al avalar la gestión directa del agua por parte del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Altea no tendrá que pagar los más de diez millones de euros que le reclamaba Aguas Potables de Bernia S.L. (Apobersa) tras la retirada de la concesión del servicio de agua en las urbanizaciones de Altea Hills y Mascarat. Así lo ha dictaminado la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que anula la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Alicante y da la razón al consistorio.

La concejal de Infraestructuras y Ciclo Hídrico, Aurora Serrat, ha comunicado este lunes la recepción oficial del fallo judicial, que representa un respaldo jurídico a la decisión adoptada por el pleno en marzo de 2020. En aquella sesión, el Ayuntamiento asumió directamente la gestión del suministro de agua tras años de quejas por parte de los vecinos, motivadas por cortes reiterados, falta de potabilidad y un estado crítico de la red de abastecimiento.

“Las tuberías presentaban pérdidas constantes y la inversión por parte de la concesionaria era inexistente. La situación era insostenible”, ha recordado Serrat, al tiempo que ha subrayado que la mercantil reclamaba una indemnización millonaria por supuestos derechos adquiridos, depósitos e infraestructuras.

En una sentencia de 47 páginas, el TSJCV concluye que no existe derecho a indemnización, salvo el valor residual de unos contadores valorados en 15.000 euros, desmontando así las pretensiones de Apobersa, que exigía compensaciones por activos como depósitos de agua, terrenos y presuntas pérdidas de explotación futuras.

La decisión judicial llega tras un largo proceso iniciado en 2014 con el expediente de recuperación del servicio, y se basa, entre otros elementos, en la recepción formal por parte del Ayuntamiento en 2019 de las infraestructuras del polígono ‘La Mallà’ —del que forman parte las urbanizaciones afectadas—, tras la quiebra de la empresa urbanizadora Edificaciones Calpe S.A.

Además, el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar de febrero de 2023, que otorga al Ayuntamiento el aprovechamiento legal de aguas subterráneas en la zona, ha sido considerado un factor clave en la sentencia. “El TSJCV ha avalado la coherencia de la actuación municipal y ha estimado el recurso de apelación de nuestro gabinete jurídico”, ha destacado la edil.

Desde que el Ayuntamiento asumió el servicio, ha invertido más de 3,5 millones de euros en obras de emergencia para garantizar el suministro en unas “instalaciones muy deterioradas”. No obstante, la concejal ha lamentado que esas actuaciones hayan sido impugnadas tanto por Apobersa como por algunos vecinos, lo que, según ha dicho, “no ha frenado el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los servicios básicos”.

En relación a posibles recursos, la sentencia no es firme y Apobersa dispone de un plazo de 30 días para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la misma sala del TSJCV. Aun así, desde el Ayuntamiento se valora el fallo como una victoria judicial y política.

“El conflicto pone sobre la mesa una realidad cada vez más habitual: el papel de las administraciones públicas como garantes de servicios esenciales allí donde las concesionarias privadas no cumplen con sus responsabilidades”, ha afirmado Aurora Serrat.

El consistorio alteano reitera su voluntad de continuar trabajando para dignificar los servicios públicos en urbanizaciones de iniciativa privada como Altea Hills, Mascarat o zonas de la Sierra, asegurando un modelo de gestión transparente, eficiente y al servicio del interés general.