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Martes, 09 de Septiembre de 2025

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Juan José Martínez
Miércoles, 21 de Mayo de 2025 Tiempo de lectura:
Noticias de Altea

El Ayuntamiento de Altea asumirá la gestión directa del Plan Parcial Bellas Artes tras la firmeza de la sentencia que declara su caducidad

El equipo de gobierno impulsa una nueva programación urbanística mientras el Partido Popular exige explicaciones públicas y denuncia falta de transparencia ante los afectados

El Ayuntamiento de Altea ha iniciado los trámites para asumir la gestión directa del Plan Parcial Bellas Artes tras declararse la caducidad del programa urbanístico anterior. Mientras el equipo de gobierno prepara una nueva programación con apoyo técnico externo, el Partido Popular reclama explicaciones públicas y denuncia falta de información hacia los vecinos afectados y el conjunto de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Altea ha iniciado los trámites para asumir de forma directa la gestión del Plan Parcial Bellas Artes al confirmarse la firmeza de la sentencia judicial que declara la caducidad del programa de urbanización vigente. La notificación judicial, recibida el pasado 13 de mayo, ha desbloqueado el expediente que el consistorio ha puesto en marcha desde el día siguiente para dar paso a una nueva etapa en la planificación de este ámbito urbanístico estratégico.

 

El Plan Parcial Bellas Artes ha sido uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes del municipio en los últimos años, vinculado a la previsión de nuevas viviendas y a un modelo de expansión urbana que ha generado tanto interés como controversia.

 

Según ha informado el equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Diego Zaragozí, se está procediendo a recabar los informes técnicos y jurídicos necesarios para llevar al pleno municipal la declaración formal de la caducidad del programa y la resolución del contrato de urbanizador, hasta ahora en manos de la empresa Promociones y Finanzas. También se impulsará la licitación de un contrato externo con una consultora especializada, que asumirá tanto la liquidación del programa anterior como la elaboración de los nuevos trabajos técnicos para reprogramar el desarrollo urbanístico.

 

Desde el consistorio se ha reiterado el compromiso de abordar esta nueva fase con criterios de transparencia y orientación al interés general, teniendo en cuenta la necesidad de vivienda en el municipio y la situación de las personas directamente afectadas por el desarrollo del sector. Según fuentes municipales, la decisión de no recurrir la sentencia obedece a la voluntad de asumir la resolución judicial y dar una solución definitiva al proyecto, agilizando así la respuesta institucional.

 

Bajo gestión directa del Ayuntamiento, el futuro de este ámbito dependerá de la reprogramación urbanística que se articule en los próximos meses, proceso que deberá pasar por un nuevo marco de planificación, aprobación plenaria y participación pública.

 

Críticas desde la oposición

 

Frente a esta actuación, el Partido Popular de Altea ha manifestado su malestar por lo que considera una falta de explicaciones por parte del gobierno local, formado por Compromís y PSOE. La portavoz popular, Rocío Gómez, ha acusado al alcalde Diego Zaragozí de mantener una actitud de “opacidad absoluta” en torno a un tema que —según denuncian— afecta no solo a los propietarios implicados, sino también a centenares de vecinos que aspiraban a acceder a una vivienda en Altea.

 

Gómez ha recordado que el fallo judicial implica también una condena en costas al Ayuntamiento y ha reclamado una reunión pública informativa en el Centro Social para aclarar la situación del plan, las consecuencias económicas para las arcas municipales y los pasos que se van a seguir. Además, exige la convocatoria del Consejo Local de Urbanismo, hasta ahora no reunido en relación con este asunto.

 

El alcalde debe dar la cara y explicar qué va a pasar con las propiedades, con la inversión de los afectados y con las expectativas de quienes confiaron en las promesas de vivienda asequible que se hicieron en campaña”, ha afirmado Gómez, quien ha calificado de “irresponsabilidad” la gestión del gobierno local en este asunto.

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