El pleno de Benidorm aprueba destinar 30 millones de remanente a amortizar deuda y financiar proyectos clave del municipio

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes en pleno dos modificaciones presupuestarias que permitirán destinar más de 30 millones de euros del remanente de tesorería de 2024 a amortizar deuda municipal y a impulsar proyectos estratégicos ya en marcha. La sesión ha estado marcada también por el aval unánime a la cesión del ecoparque al Consorcio de Residuos, el avance urbanístico sobre suelos congelados desde 1990 y un tenso cruce político en torno a las políticas del Consell y su impacto en derechos sociales y culturales.

El grueso del debate económico ha girado en torno a dos modificaciones presupuestarias. La primera, por valor de 19,4 millones de euros, se destinará a la amortización anticipada de préstamos municipales. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que esta decisión se toma tras la reactivación de las reglas fiscales por parte del Gobierno central, ya que “la ley obliga a usar el remanente para reducir deuda y eso es lo que hacemos”.

Según García Mayor, la medida mejorará “los indicadores financieros del Ayuntamiento y la planificación de pagos futuros”, aunque ha lamentado que la normativa estatal no permita usar esos fondos para otras inversiones municipales.

La segunda modificación, de 10,2 millones, fue aprobada por unanimidad para dar cobertura presupuestaria a actuaciones que ya cuentan con financiación afectada, entre ellas, las obras de acceso al polígono industrial PP 3/1, el proyecto de realidad aumentada del Patrimonio Histórico, la expropiación de suelo en la calle Italia, el Plan de Movilidad del transporte público y parte de los gastos de la EDAR.

También por unanimidad, se ha aprobado el convenio de cesión temporal del ecoparque al Consorcio del Plan Zonal de Residuos 6. La concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha defendido que esta medida supondrá un ahorro importante para las arcas municipales y permitirá clarificar las competencias entre administraciones durante este periodo de transición. La cesión se notificará ahora tanto al Consorcio como a la Generalitat.

Uno de los puntos más estratégicos ha sido la aprobación inicial del Plan de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico para levantar la suspensión urbanística de tres sectores clave del PGMO de 1990: Sierra Helada, L’Illa y Sierra Cortina. Según la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, la propuesta mantiene restricciones importantes, ya que l’Illa queda fuera de ordenación, Sierra Cortina se reduce al tercio sur colindante con el área Médico-Residencial y en Sierra Helada solo se mantiene una pequeña bolsa de suelo en el PAU 2.

Caselles ha recalcado que “se trata de una fase previa, no urbanística, en la que ahora será la Conselleria quien valide el expediente”. Solo tras esa validación comenzará la redacción de programas de actuación integrados para cada sector.

Por otra parte, se ha aprobado la cesión gratuita al Ayuntamiento de los locales de los antiguos juzgados en la avenida Beniardá, propiedad de la Generalitat, para nuevos servicios públicos. El edil de Patrimonio, Jaime Jesús Pérez, ha agradecido al Consell “su compromiso con Benidorm” y ha confirmado que el proceso de desafectación ya ha concluido.

También ha salido adelante el estudio de detalle para ampliar en dos plantas el edificio dotacional de aparcamiento en la calle Mercado 16. La operación conlleva una compensación económica de 200.000 euros, que se destinará al Patrimonio Municipal de Suelo.

En el bloque económico, se han aprobado facturas por valor de 965.361 euros correspondientes a servicios básicos “validados por técnicos y con precios ajustados”, según Hacienda. También ha salido adelante un reconocimiento extrajudicial de crédito de 701.685 euros destinado al pago de facturas del servicio de limpieza de edificios públicos, asumido tras el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Moción sobre el Plan Corresponsables y choque político por derechos sociales y lengua

La moción presentada por el PP en defensa del Plan Corresponsables fue aprobada para instar al Gobierno central a mantener la financiación íntegra del programa, evitando recortes presupuestarios. La edil de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, lo definió como “una herramienta esencial para garantizar el derecho universal al cuidado”.

En paralelo, se debatieron varias mociones de calado político. El PSOE defendió iniciativas en apoyo a la AVL y al colectivo LGTBI+, que fueron enmendadas por el PP y finalmente rechazadas por los socialistas. La concejala de Igualdad, Zaragozí, expresó su respaldo a la actual Ley Trans valenciana, destacando su enfoque “prudente, garantista y con participación de las familias”.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, acusó al alcalde Toni Pérez de “asumir el ideario ultra de Vox” tras el respaldo a mociones y enmiendas que, en su opinión, “desvirtúan la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y de la lengua valenciana”. Escoda lamentó que el PP haya “perdido la oportunidad de marcar un perfil propio frente a los recortes del Consell”.

En la sesión también se ha informado del incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del TSJCV en el caso de Serra Gelada, además de la ejecución presupuestaria del primer trimestre y el informe de control interno de Intervención correspondiente al ejercicio 2024.