Noticias de Altea
El PP de Altea acusa al equipo de gobierno de “improvisación” en la regulación de viviendas turísticas
Los populares critican la falta de transparencia y participación real en el nuevo proceso que suspende licencias durante un año en gran parte del municipio
El Partido Popular de Altea ha vuelto a cargar contra el equipo de gobierno formado por Compromís y PSOE por lo que consideran una gestión improvisada y poco transparente en la regulación de las viviendas turísticas. Según ha expresado la portavoz municipal del PP, Rocío Gómez, la reciente decisión del Ayuntamiento de suspender durante un año la concesión de nuevas licencias en gran parte del municipio representa “una nueva muestra de improvisación que ni escucha, ni planifica”.
La formación popular recuerda que ya se paralizaron las licencias hace un año, y ahora, “lejos de avanzar en soluciones reales”, el gobierno municipal opta de nuevo por restringir el otorgamiento de permisos, al tiempo que presenta una normativa que, según indican, ya estaba decidida antes de escuchar al tejido social, económico y vecinal implicado.
Desde el PP se califica de “farsa” el supuesto proceso participativo abierto por el Ayuntamiento. “Ni se han recogido propuestas clave planteadas en las comisiones, ni se ha tenido en cuenta la diferencia entre propietarios que han invertido en rehabilitar y cuidar sus viviendas y aquellos que las han dejado degradar, especialmente en el casco antiguo”, denuncian.
La portavoz Rocío Gómez subraya que “no se puede legislar a golpe de improvisación ni castigar por igual a quienes cumplen con la ley que a quienes la ignoran. Lo que necesita Altea es orden, equilibrio y consenso”.
El Partido Popular defiende una regulación clara, justa y útil, orientada a proteger a los vecinos y a quienes operan conforme a la normativa, combatir los abusos y la competencia desleal, así como fomentar inversiones que regeneren barrios y dinamicen la economía local.
A juicio de los populares, Compromís y PSOE han perdido un año y medio sin ofrecer alternativas viables ni avanzar en una normativa equilibrada. “Volvemos al punto de partida, con una nueva suspensión que solo evidencia su falta de rumbo”, concluyen.
El PP ha anunciado que seguirá planteando propuestas técnicas y viables para articular una normativa que no demonice el uso turístico de las viviendas, pero que sí garantice la convivencia, la legalidad y el interés general. En ese sentido, insisten en la necesidad de trabajar “con seriedad y diálogo” para afrontar uno de los principales retos urbanos y económicos de la Villa Blanca.
El Partido Popular de Altea ha vuelto a cargar contra el equipo de gobierno formado por Compromís y PSOE por lo que consideran una gestión improvisada y poco transparente en la regulación de las viviendas turísticas. Según ha expresado la portavoz municipal del PP, Rocío Gómez, la reciente decisión del Ayuntamiento de suspender durante un año la concesión de nuevas licencias en gran parte del municipio representa “una nueva muestra de improvisación que ni escucha, ni planifica”.
La formación popular recuerda que ya se paralizaron las licencias hace un año, y ahora, “lejos de avanzar en soluciones reales”, el gobierno municipal opta de nuevo por restringir el otorgamiento de permisos, al tiempo que presenta una normativa que, según indican, ya estaba decidida antes de escuchar al tejido social, económico y vecinal implicado.
Desde el PP se califica de “farsa” el supuesto proceso participativo abierto por el Ayuntamiento. “Ni se han recogido propuestas clave planteadas en las comisiones, ni se ha tenido en cuenta la diferencia entre propietarios que han invertido en rehabilitar y cuidar sus viviendas y aquellos que las han dejado degradar, especialmente en el casco antiguo”, denuncian.
La portavoz Rocío Gómez subraya que “no se puede legislar a golpe de improvisación ni castigar por igual a quienes cumplen con la ley que a quienes la ignoran. Lo que necesita Altea es orden, equilibrio y consenso”.
El Partido Popular defiende una regulación clara, justa y útil, orientada a proteger a los vecinos y a quienes operan conforme a la normativa, combatir los abusos y la competencia desleal, así como fomentar inversiones que regeneren barrios y dinamicen la economía local.
A juicio de los populares, Compromís y PSOE han perdido un año y medio sin ofrecer alternativas viables ni avanzar en una normativa equilibrada. “Volvemos al punto de partida, con una nueva suspensión que solo evidencia su falta de rumbo”, concluyen.
El PP ha anunciado que seguirá planteando propuestas técnicas y viables para articular una normativa que no demonice el uso turístico de las viviendas, pero que sí garantice la convivencia, la legalidad y el interés general. En ese sentido, insisten en la necesidad de trabajar “con seriedad y diálogo” para afrontar uno de los principales retos urbanos y económicos de la Villa Blanca.
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