La EOI de Benidorm se convierte en eje de enfrentamiento político tras veinte años sin sede propia

El estado de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Benidorm ha reabierto el debate político entre PSPV-PSOE y Partido Popular, a raíz de una visita institucional realizada por el diputado autonómico y portavoz socialista de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz, junto a la portavoz local, Cristina Escoda, y otros representantes municipales y comarcales del partido.

En el transcurso de la visita, que incluyó una reunión con la directora del centro y un recorrido por las instalaciones, Lorenz denunció lo que calificó como “una política de recortes encubiertos que afecta directamente a la calidad de la enseñanza en las escuelas oficiales de idiomas”. Según afirmó, “el pasado curso se suprimieron 16 grupos en la EOI de Benidorm y este año se están incrementando las horas del profesorado como forma de recorte solapado”. El parlamentario subrayó que estas decisiones “son un ataque a la educación pública y perjudican tanto a estudiantes como a docentes”.

Por su parte, Escoda centró su intervención en las deficiencias del actual edificio, que acoge a la EOI desde hace más de dos décadas en régimen provisional. Denunció que “el aire acondicionado lleva dos años sin funcionar, las aulas tienen problemas de iluminación y faltan espacios para el profesorado y el alumnado”, además de recordar que el mantenimiento del inmueble corresponde al Ayuntamiento de Benidorm.

La portavoz socialista exigió al alcalde Toni Pérez que “asuma su responsabilidad y atienda con urgencia las necesidades del centro”, al tiempo que reclamó al Consell que retome el proyecto de la nueva sede para la EOI, paralizado desde hace años. Escoda recordó que el Ayuntamiento de Benidorm, durante el gobierno socialista, cedió una parcela de 4.500 m² en 2011 para esta infraestructura, junto al IES L'Almadrava, pero la Generalitat no llegó a ejecutar el proyecto.

En 2021, el equipo de gobierno local lo volvió a incluir en el Pla Edificant, pero fue excluido por el anterior Consell, lo que derivó en una campaña de quejas que, según los socialistas, “desde la campaña electoral ha  ha quedado en el olvido tras la investidura de Carlos Mazón como president de la Generalitat”.

“En campaña estaba reclamando una nueva escuela de idiomas y ahora llevamos dos años de silencio y amnesia. Tenemos un alcalde ausente, más preocupado por el postureo que por defender los intereses de su ciudad”, concluyó Escoda.

“El PSOE callaba cuando gobernaba en Valencia”

La respuesta del equipo de gobierno no se ha hecho esperar. La concejal de Educación, Maite Moreno, defendió que “el PP fue el primero en exigir un nuevo edificio para la EOI”, mientras “el PSOE local guardaba silencio para no molestar a sus jefes en Valencia”. Moreno señaló que en febrero de 2022 “se ofreció una parcela en el Salt de l’Aigua y se incluyó el proyecto en las propuestas del Plan Edificant”, pero que fue el ejecutivo del Botànic el que rechazó su incorporación.

La edil aseguró que “el Ayuntamiento ha estado en todo momento atendiendo las necesidades del centro”. Como ejemplo, citó la instalación de ventiladores en todas las aulas y un sistema split en el área del profesorado, ante la imposibilidad de sustituir el sistema de climatización completo. “En ningún momento el centro ha estado desatendido”, subrayó.

En relación con las acusaciones de recortes, Moreno afirmó que “no se han eliminado grupos, sino que se ha reajustado la oferta de lenguas en función de la demanda, reforzando asignaturas como inglés y español”. Añadió que el gobierno local “mantiene viva la reivindicación ante la Conselleria” y confía en que el proyecto de la nueva EOI se reactive próximamente.

“Ahora el PSOE se acuerda de la EOI. Pero durante ocho años, mientras gobernaban en la Generalitat, no movieron un dedo por este centro”, remarcó la concejal.

Un conflicto que vuelve al foco tras años de espera, aunque la realidad es que la EOI de Benidorm acumula más de dos décadas de funcionamiento en un edificio cedido, sin sede propia y con limitaciones materiales que afectan al desarrollo normal de su actividad. La comunidad educativa ha venido demandando mejoras tanto en las instalaciones actuales como en la dotación de recursos humanos y técnicos, sin que se haya concretado hasta el momento una solución definitiva.