Un jurado popular declara culpable a un funcionario de l’Alfàs por pedir sobornos en el mercadillo

Un jurado popular ha declarado culpable a uno de los dos funcionarios del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi acusados de exigir sobornos a cambio de licencias en el mercadillo municipal. El veredicto, emitido este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante, exonera al segundo acusado por falta de pruebas, mientras la Fiscalía mantiene su solicitud de tres años y medio de prisión para el funcionario condenado.

Los hechos juzgados se remontan a mayo de 2015, cuando un vendedor ambulante denunció ante la Guardia Civil que uno de los funcionarios le estaba pidiendo 2.000 euros para otorgarle una licencia permanente. Como parte de la denuncia, el comerciante entregó grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se le presionaba para hacer el pago.

En coordinación con las autoridades, el denunciante concertó una cita con el acusado en una cafetería de l’Alfàs, donde agentes de paisano estuvieron presentes para intervenir. El funcionario fue detenido tras el encuentro y, en una declaración inicial ante el Juzgado de Instrucción de Benidorm, reconoció los hechos. Sin embargo, más tarde cambió su estrategia de defensa, negando su implicación y acogiendo su derecho a no declarar durante el juicio.

El jurado popular consideró probado, por siete votos a dos, que el acusado condenado exigió el soborno. Las grabaciones, junto con los testimonios y las actuaciones policiales, fueron clave para el veredicto.

Por otro lado, el segundo funcionario procesado fue absuelto por ocho votos frente a uno, al no encontrarse pruebas directas de su participación en los hechos. Aunque fue mencionado en relación con un incidente en el mercadillo, no había evidencia que demostrara su connivencia con el acusado condenado. Este funcionario siempre sostuvo que no tenía competencias en la concesión de licencias y negó cualquier implicación en la solicitud de dinero.

La Fiscalía ha mantenido su solicitud de tres años y medio de prisión para el funcionario culpable, descartando la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, pese a que el caso lleva nueve años en tramitación. Argumenta que los retrasos se deben, en parte, a los recursos interpuestos por las defensas.

Por su parte, la defensa del condenado, ejercida por el abogado Francisco González, ha adelantado que recurrirá la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. González insiste en que las dilaciones procesales deberían considerarse como atenuantes y señala que el retraso inicial del caso se debió a una disputa sobre si debía ser juzgado por un tribunal profesional o un jurado popular.

Con todo sobre la mesa, el magistrado Joaquín Coromina, presidente del tribunal, emitirá en los próximos días la sentencia definitiva basada en el veredicto del jurado, aunque el fallo podrá ser recurrido por las partes.

El caso, que empezó en 2015 con la denuncia de un comerciante, arroja luz sobre las dificultades del sistema judicial para abordar casos de corrupción con celeridad y eficacia. Aunque el pago del soborno nunca llegó a efectuarse, la intervención policial permitió frenar lo que, según la Fiscalía, era una práctica que vulneraba la integridad del proceso de concesión de licencias municipales.

El veredicto pone fin a un proceso que ha enfrentado acusaciones de corrupción en el ámbito municipal, dejando una condena y una absolución, pero también subrayando la necesidad de mejorar la rapidez en la resolución de este tipo de casos para garantizar la confianza pública en las instituciones