Benidorm convertirá los antiguos juzgados de Beniardà en nuevas oficinas municipales para mejorar la atención ciudadana

Los locales de los antiguos juzgados de la avenida de Beniardà en Benidorm, cedidos recientemente por la Generalitat Valenciana, serán reconvertidos en nuevas dependencias municipales destinadas a mejorar la prestación de servicios al ciudadano. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha realizado el anuncio durante la visita a las instalaciones junto a la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, el director general de Patrimonio, Antonio Woodward, así como la edil de Extensiones Administrativas, Mónica Gómez, y otros miembros de la corporación municipal.

Pérez ha recordado que “Benidorm venía reclamando esta cesión desde hace más de una década” y finalmente se formalizó el pasado 15 de abril mediante un acuerdo del Consell, ratificado posteriormente en el pleno municipal del 30 de mayo. La cesión gratuita abarca un periodo de 30 años y afecta a once locales con una superficie total de cerca de 1.250 metros cuadrados. Unos espacios que han permanecido cerrados y sin uso desde hace más de diez años.

Toni Pérez ha subrayado que el Ayuntamiento iniciará “en el menor plazo posible” el acondicionamiento de estas instalaciones con el objetivo de que “antes de fin de año se pueda producir el traslado de dependencias” como la Extensión Administrativa Municipal de Foietes-Colonia Madrid y el servicio PROP de la Generalitat, que en la actualidad “funciona desde 1995 en un espacio muy limitado”.

El alcalde benidormense ha destacado que el acuerdo ha sido posible gracias a que “hay una Conselleria que escucha” y a un gobierno autonómico que “cuando llamas a su puerta, no te da la espalda, sino que atiende a los municipios, como en este caso, a Benidorm”.

Además de albergar servicios municipales, también se contempla que los nuevos espacios acojan entidades sociales, asociaciones y colectivos de participación ciudadana, fortaleciendo así la conexión entre la administración local y el tejido asociativo.

Por su parte, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha remarcado que esta cesión “responde a una necesidad real” y representa “una gestión eficiente de los recursos públicos”. Merino ha subrayado que “no cabe en la cabeza de nadie tener locales cerrados desde hace años y no atender una demanda para mejorar un servicio público que se presta a pocos metros”, y ha defendido que “la operatividad, la utilidad y la proximidad deben ser los principios fundamentales en la gestión del patrimonio público”.

Durante la visita, desde la Conselleria se ha puesto en valor que el traspaso de la titularidad al Ayuntamiento supondrá también un ahorro superior a los 101.000 euros en concepto de IBI para la Generalitat, al tratarse de un inmueble que permanecía inactivo desde hace años.

Tanto el alcalde como la consellera han coincidido en que este acuerdo supone “un paso más en la colaboración leal entre Generalitat y Ayuntamiento, transformando un espacio cerrado en un recurso vivo, útil y abierto a toda la ciudadanía”, y han reafirmado su voluntad de seguir desarrollando iniciativas conjuntas orientadas a la mejora del servicio público y la cercanía administrativa.