Noticias de Benidorm
El alcalde de Benidorm vuelve a pedir “tranquilidad y prudencia” tras el nuevo auto del TSJ sobre los terrenos del APR-7
Toni Pérez reitera que todas las decisiones municipales están avaladas por informes técnicos y anuncia que se exploran nuevas vías jurídicas, como el recurso ante el Constitucional
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha lanzado este miércoles un mensaje de “tranquilidad y prudencia” tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que desestima el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento en relación al pago de 283 millones de euros más intereses a dos mercantiles por los terrenos del sector APR-7 en Serra Gelada.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el incidente de nulidad de sentencia interpuesto por el Ayuntamiento de Benidorm, ratificando así su fallo del 23 de mayo de 2024, que obliga al consistorio a indemnizar con 283 millones de euros más intereses legales a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, por los derechos urbanísticos de terrenos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.
El alcalde Toni Pérez, acompañado de los técnicos municipales, ha comparecido en rueda de prensa para ofrecer toda la información sobre el auto notificado ayer, lunes 24 de junio. La comunicación oficial se ha trasladado también a los grupos municipales mediante Junta de Portavoces, en un ejercicio de transparencia institucional.
“Vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido desde que en 2015 tomamos posesión del gobierno: la defensa del interés de todos los benidormenses”, ha subrayado Pérez. “El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otro camino que el que emprendió, siempre bajo criterio técnico, y así lo avalan reiteradas sentencias judiciales”, ha añadido.
El alcalde benidormense ha insistido en que el consistorio no puede adoptar decisiones políticas al margen de los informes técnicos: “Un político no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre”, ha recalcado. En esta línea, ha adelantado que se están explorando nuevas vías jurídicas, entre ellas un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, si así lo avalan los servicios jurídicos.
El caso presenta diversas ramificaciones judiciales aún abiertas. Por un lado, está la causa principal sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los convenios firmados entre 2003 y 2013, origen del actual fallo del TSJ. Por otro, el procedimiento impulsado por el consistorio para la revisión de oficio y nulidad de dichos convenios, que cuenta con cinco causas abiertas: dos resueltas a favor del Ayuntamiento de Benidorm en Primera Instancia –aunque recurridas– y tres pendientes de sentencia.
“Todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios están respaldadas por los técnicos municipales y el Consell Jurídic Consultiu, así como por sentencias favorables en juzgados de Primera Instancia”, ha insistido Pérez, quien ha concluido que “la complejidad del caso exige prudencia, unidad y rigor jurídico” en la defensa del interés general.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el incidente de nulidad de sentencia interpuesto por el Ayuntamiento de Benidorm, ratificando así su fallo del 23 de mayo de 2024, que obliga al consistorio a indemnizar con 283 millones de euros más intereses legales a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, por los derechos urbanísticos de terrenos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.
El alcalde Toni Pérez, acompañado de los técnicos municipales, ha comparecido en rueda de prensa para ofrecer toda la información sobre el auto notificado ayer, lunes 24 de junio. La comunicación oficial se ha trasladado también a los grupos municipales mediante Junta de Portavoces, en un ejercicio de transparencia institucional.
“Vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido desde que en 2015 tomamos posesión del gobierno: la defensa del interés de todos los benidormenses”, ha subrayado Pérez. “El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otro camino que el que emprendió, siempre bajo criterio técnico, y así lo avalan reiteradas sentencias judiciales”, ha añadido.
El alcalde benidormense ha insistido en que el consistorio no puede adoptar decisiones políticas al margen de los informes técnicos: “Un político no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre”, ha recalcado. En esta línea, ha adelantado que se están explorando nuevas vías jurídicas, entre ellas un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, si así lo avalan los servicios jurídicos.
El caso presenta diversas ramificaciones judiciales aún abiertas. Por un lado, está la causa principal sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los convenios firmados entre 2003 y 2013, origen del actual fallo del TSJ. Por otro, el procedimiento impulsado por el consistorio para la revisión de oficio y nulidad de dichos convenios, que cuenta con cinco causas abiertas: dos resueltas a favor del Ayuntamiento de Benidorm en Primera Instancia –aunque recurridas– y tres pendientes de sentencia.
“Todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios están respaldadas por los técnicos municipales y el Consell Jurídic Consultiu, así como por sentencias favorables en juzgados de Primera Instancia”, ha insistido Pérez, quien ha concluido que “la complejidad del caso exige prudencia, unidad y rigor jurídico” en la defensa del interés general.
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