Benidorm cede el suelo para la futura planta desalinizadora comarcal y desbloquea el polígono industrial tras 35 años de espera

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes, en sesión plenaria extraordinaria, dos acuerdos de gran trascendencia para el presente y el futuro del municipio y de toda la comarca de la Marina Baixa con la cesión de 7.000 metros cuadrados de suelo municipal al Consorcio de Aguas para la construcción de una planta desalinizadora y la rescisión del contrato con la mercantil Terra Village Land como agente urbanizador del polígono industrial del sector PP 3/1. Ambas decisiones han salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos.

El primero de los acuerdos contempla la cesión gratuita de una parcela en el PAU 1 El Murtal, en la zona de Poniente, donde confluyen las redes hídricas municipales y del propio Consorcio. El concejal del Ciclo Integral del Agua, José Ramón González de Zárate, ha destacado que esta ubicación es “idónea” para levantar una planta que garantice el abastecimiento a la Marina Baixa. “Esta infraestructura es esencial para dotarnos de seguridad hídrica, reducir nuestra dependencia de trasvases inciertos y anticiparnos a los efectos de la sequía”, expresaba González de Zárate.

El proyecto de planta, valorado en torno a 30 millones de euros, se desarrollará en dos fases, con una capacidad final estimada de 7 hectómetros cúbicos anuales. Según el responsable del Ciclo Integral del Agua, tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación de Alicante han mostrado su compromiso para cofinanciar la obra, mientras que ha lamentado que “el Gobierno de España siga sin implicarse, a pesar de que Benidorm es un referente nacional en gestión eficiente del agua”.

El edil ha recordado que Benidorm fue pionera en el uso de agua regenerada y que ya está en marcha en Poniente la cuarta red hidráulica del municipio, que se sumará a las existentes de agua potable, pluviales y residuales. Además, ha recordado que desde el año 2002 se han aprobado diversas mociones plenarias en defensa de esta infraestructura, “siempre por unanimidad y con el respaldo de gobiernos locales de distintos signos políticos”.

Tal como ha manifestado González de Zárate, “ojalá no tengamos que usar nunca esta desalinizadora, pero con ella aseguramos el futuro hídrico de Benidorm y su comarca. Y eso es avanzar con responsabilidad”.

Punto de inflexión para el polígono industrial

En el mismo pleno, también por unanimidad, se ha acordado rescindir la condición de agente urbanizador del sector PP 3/1 a Terra Village Land, tras constatarse que el coste de urbanización ha aumentado en más de un 50% respecto al proyecto adjudicado en 2002. La decisión abre la puerta a concluir un proyecto largamente esperado, cuyo desarrollo estaba incluido en el Plan General de 1990 y que lleva más de tres décadas bloqueado.

La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que desde la adjudicación se han redactado 13 planes parciales, con nuevas exigencias como la construcción de un vial y una rotonda de conexión con la N-332, impuesta por el Ministerio y costeada por el propio Ayuntamiento. Caselles también ha indicado que en febrero de 2024 se presentó un proyecto de modificación de la obra y de revisión de precios que incrementaba notablemente el coste, lo que derivó en la actual rescisión.

Según ha señalado Caselles, esta medida permitirá ahora que los propietarios agrupen sus intereses en una nueva entidad urbanística o que el Ayuntamiento asuma la gestión directa, reactivando un suelo clave para el desarrollo económico local.

El PSOE respalda el acuerdo y pide mayor celeridad

Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz adjunto Sergi Castillo ha defendido su voto favorable, subrayando que “esta decisión era la única vía para apartar del proyecto al empresario Enrique Ortiz y desbloquear el desarrollo del polígono industrial”. Castillo ha manifestado su apoyo a los propietarios, tanto grandes como pequeños, que “han invertido mucho dinero durante años y están viendo cómo sus expectativas no se cumplen”.

El concejal socialista ha pedido al gobierno municipal “mayor celeridad y claridad en los próximos pasos”, especialmente en lo relativo a la liquidación del contrato y el reparto de costes urbanísticos, y ha reclamado una “gestión más transparente”, tras criticar la tardanza en facilitar la documentación completa a los grupos de la oposición.

En su intervención, Castillo ha recordado que el urbanismo de Benidorm “arrastra decisiones políticas del pasado” y ha señalado al PP por “su modelo de desarrollo y su relación con promotores como Ortiz”. Ha citado también el caso del sector Armanello, la sentencia de Serra Gelada –que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con 330 millones– y las Torres de Punta Llisera, pendientes de demolición.