Altea aprueba provisionalmente la nueva ordenanza de ayudas de urgencia social y desprotección

El nuevo texto de la ordenanza, defendido por la concejal de Bienestar Social, Anna Lanuza, incorpora novedades legislativas y mejoras operativas para garantizar que las ayudas lleguen con rapidez a quienes más lo necesitan. Entre los colectivos beneficiarios se incluyen personas mayores, personas en riesgo de exclusión social o económica, personas con diversidad funcional, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, monomarentales y numerosas, así como cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos.

Según Lanuza, “las ayudas que se incluyen en esta ordenanza ya venían tramitándose y otorgándose desde hace tiempo, pero ahora quedarán blindadas, dando un paso más en la protección a las personas más vulnerables”. Estas prestaciones podrán ser económicas puntuales o periódicas, destinadas a actuar con la máxima celeridad ante casos de urgencia social, problemas socio-sanitarios o necesidades básicas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la autonomía personal.

Entre las nuevas medidas destacan las ayudas para el inicio escolar, las subvenciones para gastos de salud específicos (dentista, oculista, audífonos), las ayudas al alquiler o hipoteca, las destinadas a suministros energéticos, así como subvenciones para adaptar viviendas a las necesidades de personas mayores, apoyo en desplazamientos, trámites documentales o judiciales y acciones para reducir la brecha digital.

La edil subrayó que “Altea es un municipio pionero en aplicar planes de atención individualizados”, adaptando criterios como el IPREM a las realidades de unidades familiares, diversidad funcional, familias acogedoras, monoparentales y numerosas, y personas ex beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión.

La modificación también mantiene las ayudas ya contempladas, como las destinadas a reparaciones en viviendas, programas de atención primaria, promoción de la inclusión social y prevención de la exclusión. Para Lanuza, “conceder prestaciones económicas no es un acto de limosna, sino de solidaridad y apoyo, mientras se facilitan recursos y oportunidades para que la persona pueda superar la situación de emergencia”.

Tras su aprobación provisional, la ordenanza quedará expuesta al público durante 30 días para la presentación de alegaciones. Superado este trámite, se procederá a la aprobación definitiva, lo que permitirá integrar el conjunto de prestaciones en el sistema público valenciano de servicios sociales y dar cobertura a las necesidades básicas de la ciudadanía que lo requiera.