Noticias de Altea
El Ayuntamiento de Altea desmiente su vinculación con las elecciones de Altea Hills y reivindica su actuación “en defensa del interés público”
El consistorio alteano aclara que el equipo de gobierno no ha intervenido en favor de ninguna candidatura y asegura que su actuación se ha limitado a garantizar la legalidad en la entidad de conservación
El Ayuntamiento de Altea ha desmentido de manera tajante las informaciones publicadas en medios nacionales que vinculaban al alcalde, Diego Zaragozí, y al actual equipo de gobierno con maniobras para favorecer candidaturas en la Entidad Urbanística de Conservación de Altea Hills, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Costa Blanca.
En un comunicado oficial, el consistorio ha precisado que “ni el Ayuntamiento ni el alcalde tienen conocimiento de las personas que aspiran a la junta directiva, ni han mantenido contacto alguno con candidatos o terceros en relación con este proceso”. Según la versión municipal, la intervención de la administración local se produjo únicamente a petición de un grupo de vecinos y “en el marco estricto de la normativa vigente”.
Las informaciones surgen después de que el Ayuntamiento de Altea declarase nulo el nombramiento de Lucía Guirado Pérez como presidenta de la entidad, tras constatar que no era propietaria de ninguna parcela en la urbanización, condición indispensable para ostentar ese cargo. Además, se anuló el acuerdo por el que se designaba como asesores a Luis Campomanes, la empresa Apobersa y sus abogados, al considerarse que existía un conflicto de intereses.
El consistorio recuerda que estas entidades gestionaron de forma deficiente el suministro de agua en Altea Hills, con pérdidas superiores al 50%, situación que obligó al Ayuntamiento alteano a recuperar la concesión e invertir más de tres millones de euros en obras de emergencia. La anterior junta directiva pretendía que esos gastos recayeran sobre el conjunto de los vecinos de Altea, algo que el gobierno municipal rechaza de plano.
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha subrayado que la actuación municipal ha sido guiada por la transparencia, neutralidad y defensa del interés general, asegurando que “nuestro deber es garantizar que la entidad urbanística cumpla la ley y no traslade a toda la ciudadanía gastos que no le corresponden”.
Zaragozí ha querido transmitir un mensaje de calma tanto a los residentes de Altea Hills como al conjunto de alteanos: “El Ayuntamiento seguirá velando siempre por la legalidad, la transparencia y el interés general de nuestros vecinos”.
La aclaración del Ayuntamiento llega en un clima de especial preocupación en la urbanización, que el próximo 28 de agosto celebrará su Asamblea Anual de Propietarios. Vecinos y medios han señalado que una de las candidaturas podría estar liderada por el empresario ruso Alexei Shirokov, procesado en 2023 por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, lo que ha generado inquietud sobre un posible intento de controlar la junta de gobierno de la entidad.
En este escenario de especulación, el consistorio alteano ha insistido en desvincularse de cualquier maniobra política o personal y ha reiterado que su única actuación ha sido garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar perjuicios al resto de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Altea ha desmentido de manera tajante las informaciones publicadas en medios nacionales que vinculaban al alcalde, Diego Zaragozí, y al actual equipo de gobierno con maniobras para favorecer candidaturas en la Entidad Urbanística de Conservación de Altea Hills, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Costa Blanca.
En un comunicado oficial, el consistorio ha precisado que “ni el Ayuntamiento ni el alcalde tienen conocimiento de las personas que aspiran a la junta directiva, ni han mantenido contacto alguno con candidatos o terceros en relación con este proceso”. Según la versión municipal, la intervención de la administración local se produjo únicamente a petición de un grupo de vecinos y “en el marco estricto de la normativa vigente”.
Las informaciones surgen después de que el Ayuntamiento de Altea declarase nulo el nombramiento de Lucía Guirado Pérez como presidenta de la entidad, tras constatar que no era propietaria de ninguna parcela en la urbanización, condición indispensable para ostentar ese cargo. Además, se anuló el acuerdo por el que se designaba como asesores a Luis Campomanes, la empresa Apobersa y sus abogados, al considerarse que existía un conflicto de intereses.
El consistorio recuerda que estas entidades gestionaron de forma deficiente el suministro de agua en Altea Hills, con pérdidas superiores al 50%, situación que obligó al Ayuntamiento alteano a recuperar la concesión e invertir más de tres millones de euros en obras de emergencia. La anterior junta directiva pretendía que esos gastos recayeran sobre el conjunto de los vecinos de Altea, algo que el gobierno municipal rechaza de plano.
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha subrayado que la actuación municipal ha sido guiada por la transparencia, neutralidad y defensa del interés general, asegurando que “nuestro deber es garantizar que la entidad urbanística cumpla la ley y no traslade a toda la ciudadanía gastos que no le corresponden”.
Zaragozí ha querido transmitir un mensaje de calma tanto a los residentes de Altea Hills como al conjunto de alteanos: “El Ayuntamiento seguirá velando siempre por la legalidad, la transparencia y el interés general de nuestros vecinos”.
La aclaración del Ayuntamiento llega en un clima de especial preocupación en la urbanización, que el próximo 28 de agosto celebrará su Asamblea Anual de Propietarios. Vecinos y medios han señalado que una de las candidaturas podría estar liderada por el empresario ruso Alexei Shirokov, procesado en 2023 por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, lo que ha generado inquietud sobre un posible intento de controlar la junta de gobierno de la entidad.
En este escenario de especulación, el consistorio alteano ha insistido en desvincularse de cualquier maniobra política o personal y ha reiterado que su única actuación ha sido garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar perjuicios al resto de la ciudadanía.
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