PSOE y gobierno local chocan en Benidorm por la proliferación de locales reconvertidos en viviendas turísticas

Benidorm vuelve a situar en el foco político la transformación de locales comerciales en viviendas turísticas. El grupo municipal socialista ha exigido al gobierno local medidas inmediatas para frenar esta tendencia, mientras que el ejecutivo del PP responsabiliza al marco normativo autonómico aprobado en 2018, defendiendo que el Ayuntamiento debe conceder licencias cuando se cumplen los requisitos urbanísticos.

El debate sobre el impacto del alquiler turístico volvió este lunes al Ayuntamiento de Benidorm después de que la portavoz socialista, Cristina Escoda, reclamara “medidas urgentes y contundentes” para frenar la proliferación de cambios de uso de locales a viviendas, una práctica creciente en la ciudad y que, según subrayó, está vinculada en su mayoría al alquiler turístico.

Escoda recordó que el gobierno municipal descartó la tramitación de una ordenanza de viviendas turísticas, motivo por el que consideró imprescindible abordar una modificación puntual del PGOU que permita limitar estos cambios de uso en los ejes comerciales y en las plantas bajas de los edificios residenciales. La portavoz socialista señaló que “hoy mismo, en la Comisión de Urbanismo, se ha informado de la concesión de licencia para convertir un local en cuatro viviendas”, un ejemplo que, según afirmó, evidencia la necesidad de actuar para “proteger la actividad comercial”.

La dirigente socialista vinculó esta tendencia con la crisis de acceso a la vivienda, al asegurar que la retirada de locales del mercado comercial y su transformación en apartamentos turísticos “tensiona los precios y complica el acceso a una vivienda digna para familias y jóvenes de Benidorm”. Escoda afirmó que el alcalde, Toni Pérez, debe decidir “si gobierna para los especuladores o para los vecinos”.

La respuesta del ejecutivo local llegó a través de la edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, quien defendió que el origen de esta situación se encuentra en la Ley de Ocio y Hospitalidad de 2018, impulsada por el anterior gobierno autonómico del Botànic. Según explicó, esta normativa permitió que “prácticamente cualquier vivienda y local” pudiera obtener uso turístico, afectando a municipios como Benidorm que “tenían este uso muy tasado en su planificación”.

Caselles recordó que el Plan General de 1990 permite en determinadas zonas el cambio de uso comercial a residencial, razón por la cual la licencia aprobada “se ajusta estrictamente al planeamiento vigente”. Añadió que si estas viviendas acaban incorporándose al mercado turístico “será consecuencia exclusiva de la ley aprobada por socialistas y nacionalistas”.

La portavoz reprochó al PSOE “el populismo en el que se ha instalado desde el inicio de la legislatura” y defendió que el Ayuntamiento está obligado a conceder licencias que cumplan los requisitos técnicos, “sean bajos, viviendas o antiguos locales comerciales”. De esta forma, se mantiene abierto uno de los debates más sensibles de la actualidad en un contexto donde el crecimiento del alquiler turístico, la presión sobre el mercado residencial y el futuro del comercio de proximidad siguen marcando la agenda local.