El PSPV-PSOE denuncia un recorte en las ayudas a asociaciones de consumidores y una infraejecución en digitalización

El PSPV-PSOE ha denunciado un recorte en las ayudas del Consell a las asociaciones de consumidores de la Comunitat Valenciana y una infraejecución significativa de los fondos destinados a su digitalización. Según ha expuesto la diputada autonómica Mayte García, las subvenciones concedidas este año reducen el apoyo económico respecto a ejercicios anteriores y dejan sin utilizar la mayor parte del presupuesto previsto para modernizar estas entidades.

García ha dado a conocer los datos correspondientes a las ayudas concedidas por el Consell a asociaciones y federaciones de personas consumidoras, subrayando que la actual política del gobierno autonómico, integrado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, supone una reducción del respaldo público a estas entidades. A su juicio, esta situación “debilita la defensa de los derechos de la ciudadanía”.

Según ha explicado la diputada socialista, la línea de subvenciones destinada a actividades de consumo pasa a financiar solo el 70% de los proyectos presentados, lo que supone un recorte del 30% en comparación con la etapa del anterior gobierno del Botànic, cuando estas iniciativas se cubrían en su totalidad. En palabras de la diputada, “este recorte limita seriamente la capacidad de las asociaciones para proteger a los consumidores en un momento especialmente delicado”.

La parlamentaria socialista ha puesto el acento en la línea específica de digitalización COADIG, dotada con 50.000 euros, de la que únicamente se han concedido 8.275 euros, lo que supone dejar sin ejecutar el 83% del presupuesto disponible. En este contexto, ha señalado que algunas entidades, como la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, percibirán ayudas que “no alcanzan ni los 300 euros”.

Además del recorte económico, García ha criticado los plazos administrativos establecidos por el Consell, tanto en la convocatoria como en la resolución de las ayudas. Según ha indicado, las entidades beneficiarias han contado con apenas 15 días para justificar las subvenciones concedidas, un margen que considera insuficiente para asociaciones que trabajan con recursos limitados.

Para la diputada socialista, la suma de estos factores responde a una estrategia que “reduce la capacidad del movimiento asociativo que defiende a los consumidores”, en un contexto en el que, según ha recordado, se están multiplicando los abusos y vulneraciones de derechos, especialmente a través de canales digitales.

Finalmente, García ha anunciado que el PSPV-PSOE seguirá de cerca la ejecución presupuestaria en esta materia para evitar que la baja ejecución de las ayudas de este ejercicio “sirva de excusa para nuevos recortes en los próximos presupuestos”, insistiendo en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de las personas consumidoras.