Noticias de Benidorm
Detenida en Benidorm una empresaria por cobrar ayudas públicas a nombre de una empleada sin su conocimiento
La Policía Nacional investiga una presunta estafa de más de 12.700 euros mediante el uso fraudulento de la firma digital de una joven trabajadora, dada de alta como falsa autónoma
La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a una empresaria de 54 años como presunta autora de varios delitos relacionados con el cobro fraudulento de ayudas públicas, tras utilizar sin consentimiento la firma digital de una empleada para solicitar prestaciones por un importe superior a 12.700 euros, que fueron ingresadas en la cuenta de la propia empresa.
La investigación, desarrollada por la Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, se inició tras la denuncia interpuesta por una joven que descubrió de forma fortuita que figuraba como beneficiaria de varias ayudas públicas que nunca había solicitado. Según los datos recabados, la empresaria arrestada está acusada de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y fraude de subvenciones.
Los hechos se remontan a febrero de 2019, cuando la denunciante, entonces con 19 años, comenzó su primera experiencia laboral en un establecimiento de Benidorm. La joven creía haber sido contratada como aprendiz, aunque durante su relación laboral, que se prolongó hasta septiembre de 2022, no recibió copia del contrato, ni nóminas, ni justificantes de pago, percibiendo su salario mayoritariamente en efectivo.
La situación salió a la luz en agosto de 2024, cuando la afectada recibió una comunicación de UMIVALE (SUMA) informándole de la concesión de una ayuda por cese de actividad, una prestación que le resultó completamente ajena. Tras iniciar diversas consultas con la administración, descubrió que se habían tramitado al menos cuatro ayudas a su nombre, gestionadas de forma telemática mediante su firma digital.
La investigación permitió esclarecer que, durante el proceso inicial de contratación, la empresaria solicitó a la joven su firma digital y número de la Seguridad Social, datos que posteriormente fueron utilizados para realizar los trámites sin su conocimiento. A través de la Agencia Tributaria y de SUMA, la perjudicada tuvo constancia de que entre 2020 y 2021 se habían solicitado hasta seis prestaciones de distinta naturaleza, por un importe total superior a 15.000 euros, cuyos ingresos se realizaron en una cuenta bancaria que no era de su titularidad.
Los agentes comprobaron que todas las ayudas habían sido solicitadas de manera online, figurando como intermediaria una asesoría de Benidorm que había participado en la formalización del supuesto contrato laboral. Entre las prestaciones detectadas se encontraba una ayuda de la Generalitat Valenciana, por importe de 300 euros, destinada a autónomos afectados económicamente por la reducción de actividad durante la pandemia de la COVID-19.
La cuenta receptora de los fondos figuraba a nombre de la empresa donde trabajó la denunciante, siendo la gerente del establecimiento la titular de la misma. En ella se reflejaban las transferencias procedentes de las ayudas solicitadas a nombre de la empleada, junto con otros datos de contacto que, según la investigación, la vinculaban directamente con los hechos.
Asimismo, se constató que la joven había estado dada de alta como autónoma durante más de tres años, sin haber sido informada ni haber prestado consentimiento, desempeñando su labor de forma ordinaria en la empresa. La gerente asumía el pago de las cuotas con el objetivo de reducir costes laborales y evitar obligaciones propias de una relación laboral, una práctica conocida como “falso autónomo”.
Aprovechando la existencia de líneas de ayudas para trabajadores autónomos durante la pandemia, la empresaria solicitó las prestaciones a nombre de la víctima utilizando la firma digital obtenida de forma fraudulenta. La investigación concluyó que el montante total percibido de manera irregular ascendió a 12.721,80 euros.
Una vez reunidos los indicios probatorios, los agentes se desplazaron al establecimiento, que se encontraba abierto al público, y procedieron a la detención de la empresaria. De forma paralela, se solicitó a la entidad bancaria el bloqueo de las cantidades obtenidas de manera fraudulenta, quedando todas las actuaciones a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a una empresaria de 54 años como presunta autora de varios delitos relacionados con el cobro fraudulento de ayudas públicas, tras utilizar sin consentimiento la firma digital de una empleada para solicitar prestaciones por un importe superior a 12.700 euros, que fueron ingresadas en la cuenta de la propia empresa.
La investigación, desarrollada por la Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, se inició tras la denuncia interpuesta por una joven que descubrió de forma fortuita que figuraba como beneficiaria de varias ayudas públicas que nunca había solicitado. Según los datos recabados, la empresaria arrestada está acusada de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y fraude de subvenciones.
Los hechos se remontan a febrero de 2019, cuando la denunciante, entonces con 19 años, comenzó su primera experiencia laboral en un establecimiento de Benidorm. La joven creía haber sido contratada como aprendiz, aunque durante su relación laboral, que se prolongó hasta septiembre de 2022, no recibió copia del contrato, ni nóminas, ni justificantes de pago, percibiendo su salario mayoritariamente en efectivo.
La situación salió a la luz en agosto de 2024, cuando la afectada recibió una comunicación de UMIVALE (SUMA) informándole de la concesión de una ayuda por cese de actividad, una prestación que le resultó completamente ajena. Tras iniciar diversas consultas con la administración, descubrió que se habían tramitado al menos cuatro ayudas a su nombre, gestionadas de forma telemática mediante su firma digital.
La investigación permitió esclarecer que, durante el proceso inicial de contratación, la empresaria solicitó a la joven su firma digital y número de la Seguridad Social, datos que posteriormente fueron utilizados para realizar los trámites sin su conocimiento. A través de la Agencia Tributaria y de SUMA, la perjudicada tuvo constancia de que entre 2020 y 2021 se habían solicitado hasta seis prestaciones de distinta naturaleza, por un importe total superior a 15.000 euros, cuyos ingresos se realizaron en una cuenta bancaria que no era de su titularidad.
Los agentes comprobaron que todas las ayudas habían sido solicitadas de manera online, figurando como intermediaria una asesoría de Benidorm que había participado en la formalización del supuesto contrato laboral. Entre las prestaciones detectadas se encontraba una ayuda de la Generalitat Valenciana, por importe de 300 euros, destinada a autónomos afectados económicamente por la reducción de actividad durante la pandemia de la COVID-19.
La cuenta receptora de los fondos figuraba a nombre de la empresa donde trabajó la denunciante, siendo la gerente del establecimiento la titular de la misma. En ella se reflejaban las transferencias procedentes de las ayudas solicitadas a nombre de la empleada, junto con otros datos de contacto que, según la investigación, la vinculaban directamente con los hechos.
Asimismo, se constató que la joven había estado dada de alta como autónoma durante más de tres años, sin haber sido informada ni haber prestado consentimiento, desempeñando su labor de forma ordinaria en la empresa. La gerente asumía el pago de las cuotas con el objetivo de reducir costes laborales y evitar obligaciones propias de una relación laboral, una práctica conocida como “falso autónomo”.
Aprovechando la existencia de líneas de ayudas para trabajadores autónomos durante la pandemia, la empresaria solicitó las prestaciones a nombre de la víctima utilizando la firma digital obtenida de forma fraudulenta. La investigación concluyó que el montante total percibido de manera irregular ascendió a 12.721,80 euros.
Una vez reunidos los indicios probatorios, los agentes se desplazaron al establecimiento, que se encontraba abierto al público, y procedieron a la detención de la empresaria. De forma paralela, se solicitó a la entidad bancaria el bloqueo de las cantidades obtenidas de manera fraudulenta, quedando todas las actuaciones a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.

























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