Altea gana la batalla judicial y recupera la gestión pública del agua en la Sierra

El Ayuntamiento de Altea ha logrado una resolución judicial firme que confirma la titularidad pública de los depósitos de agua, las instalaciones y los recursos hídricos utilizados en el ámbito del Plan Parcial El Aramo, poniendo fin a un prolongado conflicto judicial que se ha extendido durante más de una década.

La decisión de los tribunales permite al consistorio garantizar de forma definitiva un suministro de agua y un sistema de alcantarillado bajo control público, seguro y transparente, en las urbanizaciones de Altea Hills, Mascarat, Sierra de Altea Golf, Sierra de Altea I y II y Urlisas, beneficiando a miles de vecinos de la Sierra de Altea.

El origen del conflicto se remonta a la gestión privada del sistema de agua y saneamiento del Aramo tras el abandono del proyecto urbanístico inicial, diseñado en los años sesenta. A partir de 2014 comenzaron a detectarse graves deficiencias, como pérdidas superiores al 50 % en la red, sobreexplotación de acuíferos, episodios de salinidad y riesgos para la salubridad del agua, una situación que fue constatada en distintos procedimientos judiciales.

Ante este escenario, en marzo de 2020 el Ayuntamiento decidió extinguir la autorización que permitía a la mercantil Aguas Potables de Bernia prestar el servicio y asumió directamente la gestión del abastecimiento y del alcantarillado, con el objetivo de proteger a más de 5.000 viviendas afectadas.

Las empresas Aguas Potables de Bernia y Puerto Deportivo Luis Campomanes reclamaron hasta 13 millones de euros al Ayuntamiento, alegando la propiedad de los depósitos y supuestos derechos privados sobre el agua. Estas pretensiones han sido desestimadas de forma contundente por los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en febrero de 2024 que los depósitos forman parte de las obras de urbanización y están sujetos a cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. Posteriormente, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por APOBERSA, imponiéndole además las costas procesales, lo que convierte la sentencia en firme y plenamente ejecutable.

En paralelo, las resoluciones judiciales también han confirmado que no existen derechos privados sobre las aguas subterráneas, al no constar ningún título válido ni autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los acuíferos son dominio público y deben destinarse prioritariamente al abastecimiento humano bajo control administrativo.

Actualmente, el Ayuntamiento ya gestiona el servicio de agua y alcantarillado en Altea Hills y Mascarat, y con estas sentencias podrá extender el modelo público al resto de urbanizaciones del Aramo. El equipo de gobierno ha iniciado el expediente para la recepción del sistema de alcantarillado, lo que permitirá planificar inversiones, reducir pérdidas, mejorar la calidad del agua y aplicar tarifas transparentes.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha valorado esta resolución como “un hito histórico para el municipio y para miles de vecinos de la Sierra de Altea” y ha subrayado que “la justicia ha confirmado que el agua es un bien público y no puede quedar sometida a intereses privados cuando está en juego la salud y la dignidad de las personas”. Según ha indicado, esta nueva etapa permitirá renovar redes, reducir pérdidas y garantizar un suministro de calidad en todo el ámbito del Aramo.

Con este fallo judicial, Altea consolida un modelo de gestión pública del agua, reforzando la seguridad jurídica, la sostenibilidad y la garantía de un servicio básico esencial para la ciudadanía.