La licitación de los aparcabicis inteligentes enfrenta a PSOE y gobierno local en Benidorm

La licitación del contrato para el suministro e instalación de 13 aparcabicis inteligentes y seguros en Benidorm, con un presupuesto cercano al medio millón de euros, ha generado un nuevo cruce de acusaciones entre el grupo municipal socialista y el equipo de gobierno del Partido Popular. El desacuerdo se centra en el papel del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y en la interpretación del estado actual del procedimiento administrativo.

El PSOE de Benidorm ha denunciado lo que considera un nuevo episodio de “nefasta gestión” y “parálisis administrativa” del gobierno local presidido por Toni Pérez. Según los socialistas, el TACRC ha aceptado el recurso presentado por un licitador contra los pliegos del contrato de los aparcabicis inteligentes, al apreciar una restricción de la competencia y la falta de justificación en determinadas prescripciones técnicas.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha explicado que, tras analizar el recurso, el órgano de Contratación del Ayuntamiento concluyó que la configuración del objeto del contrato podía limitar la libre concurrencia, por lo que propuso anular los pliegos aprobados en la Junta de Gobierno Local del 29 de diciembre de 2025 y retrotraer el procedimiento a la fase de redacción de las prescripciones técnicas. En este contexto, Castillo ha calificado de “inadmisible” que un proyecto financiado con fondos europeos vuelva a verse comprometido y ha advertido del riesgo que estos retrasos suponen para una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’.

Desde el PSOE se ha señalado además que no se trata de un hecho aislado y se han recordado precedentes como la EDUSI, en la que, según los socialistas, se perdió parte de la financiación, o el proyecto Verde y Agua, en el que se renunció a determinadas actuaciones. En este escenario, el grupo municipal ha instado al alcalde a subsanar los pliegos y volver a licitar el contrato para evitar la pérdida de inversiones europeas.

Respuesta municipal

Por su parte, el equipo de gobierno municipal ha rechazado de forma tajante esta versión. La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha asegurado que “el TACRC no ha paralizado nada” y ha precisado que ha sido el propio Ayuntamiento el que ha estimado las alegaciones presentadas por una empresa interesada en el contrato, procediendo a la modificación de los pliegos para continuar con la licitación.

Caselles ha detallado que la mercantil presentó un recurso ante el tribunal, que fue trasladado al Ayuntamiento, y que tras su análisis se decidió atender los argumentos planteados. Según ha explicado, los pliegos ya adaptados se encuentran en el Área de Ingeniería y serán remitidos al departamento de Contratación para seguir con el procedimiento. La portavoz ha insistido en que el TACRC “no se ha pronunciado sobre la admisión del recurso ni sobre ninguna suspensión”, al no tratarse de un recurso contra un acuerdo de adjudicación.

Asimismo, desde el gobierno local se ha recordado que la redacción de los pliegos técnicos y administrativos corresponde a los servicios municipales y no a los responsables políticos, subrayando que el procedimiento sigue su curso una vez incorporadas las correcciones técnicas oportunas.

La confrontación política se produce en un contexto de especial sensibilidad en torno a los proyectos financiados con fondos europeos, cuyo cumplimiento de plazos y requisitos administrativos resulta determinante para garantizar la ejecución de las inversiones previstas en el municipio.