Benidorm plantea pagar la sentencia de Serra Gelada con 60 millones iniciales, cuotas anuales y cesión de suelo

El Ayuntamiento de Benidorm llevará al pleno del próximo martes una propuesta de acuerdo de colaboración para ejecutar la sentencia firme del APR-7 de Serra Gelada, una condena que sitúa la obligación de pago en alrededor de 350 millones de euros más intereses.

El alcalde benidormense, Toni Pérez, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, donde ha defendido hoy que la fórmula diseñada por los técnicos municipales permitirá afrontar la resolución judicial “sin subir impuestos y sin recortar servicios”, combinando un pago inicial en metálico, una amortización ligada a los ingresos ordinarios y la posible compensación con la cesión de suelos municipales.

El gobierno local de Benidorm ha dado un paso más en uno de los asuntos urbanísticos y económicos más delicados para una ciudad española en las últimas décadas. La propuesta de Alcaldía que se someterá a votación plenaria plantea un mecanismo para ejecutar la Sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que condena al consistorio a indemnizar a los propietarios afectados por la privación de aprovechamientos urbanísticos en terrenos del sector APR-7 de Serra Gelada.

La cantidad reconocida en el documento municipal asciende a 350.442.406,01 euros, suma del principal y de los intereses devengados hasta la fecha de firma del acuerdo propuesto. Además, el expediente incorpora informes municipales que advierten del fuerte impacto que tendría una ejecución inmediata sobre las cuentas públicas, hasta el punto de considerar que un pago íntegro y directo provocaría una situación de grave quebranto para la hacienda local.

En la rueda de prensa, Pérez ha explicado el contenido de la propuesta municipal, insistiendo en que “Benidorm afrontará con solvencia esta sentencia y esta sentencia no supondrá ni la quiebra ni la ruina, ni la subida de impuestos ni los recortes en los servicios municipales”.

La propuesta del consistorio benidormense parte de un reconocimiento expreso de la deuda, aunque no configura todavía un acuerdo cerrado y definitivo con la propiedad. Según explicaba el propio alcalde, lo que se eleva a pleno es la posición formal del Ayuntamiento, que deberá ser trasladada a los propietarios para que manifiesten su conformidad o rechazo en el plazo previsto y, posteriormente, ser remitida al órgano judicial para su eventual homologación. El propio documento recoge ese itinerario: aprobación plenaria, traslado a los interesados, posible firma y comunicación al juzgado para su validación.

Uno de los elementos centrales de la fórmula es el pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026. Toni Pérez remarcaba esa cantidad como primer esfuerzo económico del consistorio y la vinculaba directamente a la idea de que el Ayuntamiento puede comenzar a ejecutar la sentencia sin romper el equilibrio presupuestario, sin afectar a la planificación municipal ni a la prestación de servicios.

A partir de ahí, la propuesta contempla un periodo de carencia del principal hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante ese tiempo, el Ayuntamiento podrá amortizar o no capital, mientras reorganiza su estructura financiera para afrontar el resto de la deuda.

En cambio, desde el 1 de enero de 2031, el consistorio quedaría obligado a destinar cada año una cantidad no inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el presupuesto municipal a la amortización de la deuda y al pago de los intereses que correspondan. Como ejemplo, en 2026 ese porcentaje ascendería a ún mínimo de 12 millones.

Sobre ese punto, Pérez no fijaba una duración cerrada del calendario total de pagos, al entender que dependerá de la evolución futura de los ingresos municipales y de la capacidad del Ayuntamiento para anticipar amortizaciones. En todo caso, ha subrayado que el criterio fijado por los técnicos es asumible para la administración local.

La otra gran pata de la propuesta es el pago en especie mediante cesión de terrenos. El documento prevé que, de forma complementaria al pago dinerario, la deuda pueda extinguirse total o parcialmente a través de la transmisión de suelos municipales, conforme a su justiprecio y siempre que se cumplan los requisitos legalmente exigibles.

Dentro de ese esquema, la propuesta reserva un tratamiento específico para los intereses generados hasta la firma del acuerdo, que el alcalde cifraba en cerca de 70 millones de euros. Esa parte podría satisfacerse durante un plazo de cinco años mediante “daciones en pago con terrenos que dispongan de aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano y condición de solar edificable, libre de cargas de urbanización”. En concreto, la propuesta municipal incorpora las ubicaciones en los que podría producirse esa dación: PP 2/1, Murtal 2, Ensanche Levante y PAU 1, además de otros suelos residenciales plurifamiliares que pudieran reunir las condiciones exigidas.

En este apartado, Toni Pérez puso el acento en que la propuesta municipal establece la aceptación obligatoria por parte de la propiedad de esas daciones en pago hasta el importe previsto, siempre que cumplan las condiciones recogidas en el acuerdo. No obstante, el valor de ese suelo deberá fijarse conforme a la tasación y al justiprecio actualizado en el momento en que se oferte.

Más allá de la dimensión financiera, el alcalde defendía que la ejecución de la sentencia servirá para culminar la incorporación efectiva de esos terrenos al patrimonio municipal. “Nosotros vamos a pagar para adquirir un suelo que vamos a patrimonializar, a registrar y a escriturar a favor del pueblo de Benidorm”, afirmaba. En esa misma línea, añadió que una vez incorporado al patrimonio público, ese suelo se convertirá en una reserva de protección para el presente y el futuro del municipio.

En su comparecencia, Pérez ha insistido en que toda la operación se ha construido sobre informes favorables de los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento. “Los responsables públicos no debemos dar un paso que no esté avalado por la ley y que no esté avalado dentro de la ley por los técnicos municipales”, aseguraba, además de defender que la propuesta remitida al pleno cuenta con el respaldo de Secretaría General, Intervención, Tesorería y servicios jurídicos municipales.

Durante su comparecencia, el alcalde también ha responsabilizado al anterior gobierno del PSOE de las decisiones urbanísticas que, en su opinión, terminaron derivando en la condena judicial. Pérez recordaba que los convenios vinculados a estos suelos fueron renovados en etapas anteriores pese a que ya existían condicionantes ambientales: “La declaración de impacto ambiental llegó en 2012 con el mismo gobierno socialista y lo que hizo ese gobierno fue renovar unos convenios en 2013”.

Toni Pérez también contraponía esa etapa con la situación financiera tras heredar una deuda cercana a 95 millones de euros al acceder a la alcaldía en 2015. Pérez ha utilizado ese dato para respaldar la capacidad del consistorio para afrontar ahora la sentencia: “Tomé posesión del Ayuntamiento con 95 millones de deuda que dejó un gobierno socialista y este gobierno local fue capaz de devolverlos en menos de seis años”.