El concejal de Altea detenido por presunta violencia de género sale del juzgado tras prestar declaración

El concejal del Ayuntamiento de Altea Rafael Ramón Mompó, responsable de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio y miembro de Compromís, ha salido este mediodía del juzgado de Dénia, donde se ubica la sección de Violencia sobre la Mujer, tras prestar declaración en relación con la denuncia presentada por su pareja por el supuesto episodio de violencia de género que tuvo lugar anoche.

El edil ha abandonado las dependencias judiciales pasadas las 14:00 horas, cubierto con una capucha y sin realizar declaraciones, marchándose a pie del lugar. La causa se tramita en Dénia al haberse producido los hechos denunciados en una vivienda situada en Xàbia, donde residía junto a la denunciante.

La Guardia Civil detuvo al concejal la noche anterior tras la denuncia presentada por su pareja. Según consta en el relato de la denunciante, los hechos se habrían producido en torno a las 21:00 horas durante una discusión cuyas causas no han trascendido. De acuerdo con la denuncia, el concejal habría propinado presuntamente una bofetada a la víctima y posteriormente la habría arrastrado por el suelo.

Tras recibir el aviso de un posible caso de violencia de género, agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se desplazaron hasta el domicilio para hacerse cargo de las diligencias e intervinieron procediendo a la detención del edil.

El procedimiento judicial continúa ahora en manos del juzgado competente, que deberá valorar las posibles medidas cautelares de protección para la denunciante, entre ellas una eventual orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, mientras se desarrolla la investigación.

Rafael Ramón Mompó, funcionario de Correos en excedencia por su actividad sindical, podría enfrentarse a responsabilidades penales contempladas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que prevé penas que pueden incluir prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargo público en caso de una eventual condena.

Retirada cautelar de competencias

Tras conocerse la detención, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Altea ha emitido un comunicado en el que trasladaban su “condena firme y rotunda ante cualquier tipo de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres”, recordando al mismo tiempo el principio de presunción de inocencia.

Como medida cautelar, el alcalde decidió retirar las competencias delegadas al concejal mientras se esclarecen los hechos y se conoce la evolución del procedimiento judicial.

No obstante, el Partido Popular de Altea ha reclamado la adopción de medidas políticas adicionales. La portavoz popular, Rocío Gómez, ha señalado que la retirada cautelar de competencias no resulta suficiente.

“Desde el Partido Popular de Altea exigimos al señor alcalde Diego Zaragozí y también a la concejal socialista de Igualdad que actúen con coherencia y apliquen las medidas que tantas veces reclaman cuando se producen casos similares”, ha manifestado.

La portavoz popular ha añadido que “la responsabilidad judicial y la responsabilidad política son ámbitos distintos, y la ejemplaridad que se exige a un cargo público obliga a dar un paso atrás mientras se aclaran los hechos”, reiterando que su grupo respeta el principio de presunción de inocencia.

El Ayuntamiento de Altea manifestaba en su comunicado que adoptará las decisiones que correspondan una vez disponga de información oficial completa sobre las actuaciones judiciales y policiales.