La justicia homologa el acuerdo de Serra Gelada y Benidorm activa el plan de pago de 350 millones

El Ayuntamiento de Benidorm ha recibido el auto de homologación judicial del acuerdo extrajudicial sobre los terrenos del APR7 de Serra Gelada, dictado el 18 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, lo que permite iniciar de forma inmediata la ejecución del pacto aprobado en pleno el pasado 17 de marzo.

El acuerdo, que pone fin al procedimiento judicial derivado de la sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), establece una cuantía total de 350.442.406 euros, correspondiente al precio del suelo más los intereses legales devengados desde el 16 de julio de 2018, fecha reconocida en la resolución judicial como inicio de la reclamación económica.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar los pormenores y ha señalado que la homologación judicial supone el inicio del proceso de cumplimiento del acuerdo: “Minuto cero en este momento para la ejecución de ese acuerdo, toda vez que ya se haya homologado por la justicia”. Además, ha trasladado que esta información ya ha sido comunicada previamente a los grupos políticos en Junta de Portavoces, insistiendo en que el proceso se ha desarrollado bajo criterios de transparencia institucional.

En su intervención, Pérez ha subrayado que el documento homologado es “exactamente el mismo” aprobado por el pleno municipal y aceptado por la propiedad, destacando que uno de los puntos clave del acuerdo ha sido la fijación de los intereses desde el 16 de julio de 2018 y no desde febrero de ese mismo año, como planteaban inicialmente los propietarios. “El acuerdo cerrado y homologado certifica el 16 de julio de 2018. No es menor, porque son cinco meses de intereses en disputa”, ha afirmado.

El alcalde benidormense ha explicado que la sentencia obliga al Ayuntamiento a abonar el precio del suelo, que aún no es de titularidad municipal, para su incorporación al patrimonio público. “Estamos adquiriendo un suelo a un precio que ha marcado una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana”, ha indicado, defendiendo el valor estratégico de esta operación para la protección del entorno de Serra Gelada.

Toni Pérez también ha contextualizado el origen del conflicto, recordando que la reclamación económica por parte de los propietarios se produjo en 2018, tras la renovación de convenios urbanísticos en 2013 con el PSOE de Benidorm en el gobierno, y que desde entonces no se plantearon alternativas de cesión de suelo, sino una exigencia exclusivamente dineraria.

¿Cómo va a pagar Benidorm los 350 millones de euros?

Como se avanzó, el sistema de pago acordado contempla una doble modalidad, combinando abono económico y cesión de terrenos municipales. En el apartado dinerario, se establece un pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, financiado mediante un préstamo de 55 millones vinculado al Fondo de Impulso Económico, además de recursos propios. Posteriormente, se fija un periodo de carencia del principal hasta 2030, durante el cual se abonarán intereses legales.

A partir de 2031, el Ayuntamiento de Benidorm deberá iniciar la amortización obligatoria de la deuda, con pagos anuales que no podrán ser inferiores al 8% de los ingresos corrientes municipales, hasta su completa liquidación.

En paralelo, el acuerdo incluye una fórmula de dación en pago mediante terrenos municipales, destinada inicialmente a cubrir los intereses generados hasta la firma del acuerdo, por un importe de 67,3 millones de euros en un plazo de cinco años a través de suelos edificables valorados a precio de mercado. Esta modalidad será de aceptación obligatoria por parte de la propiedad. Además, se contempla la posibilidad de futuras cesiones voluntarias para reducir la deuda restante.

Durante el turno de preguntas, el alcalde defendía que el modelo de financiación adoptado responde a criterios técnicos y de sostenibilidad económica. “El Ayuntamiento tiene la economía que tiene. Estamos adquiriendo un patrimonio para Benidorm para toda la vida”, ha afirmado, comparando esta operación con inversiones a largo plazo que deben amortizarse en el tiempo.

Asimismo, Pérez insitía en que la actuación responde a la necesidad de cumplir una sentencia firme y evitar un impacto mayor sobre las arcas municipales. “¿Alguien quiere un Benidorm quebrado o en la ruina por una sentencia que hay que cumplir?”, planteaba, al tiempo que defendía que el acuerdo alcanzado es el más favorable dentro de las circunstancias.

Con la homologación judicial, el consistorio benidormense inicia ahora la ejecución de un acuerdo que permitirá incorporar a titularidad pública los terrenos de Serra Gelada, reforzando su protección como espacio natural y cerrando el proceso judicial con mayor impacto económico en la historia de la ciudad.