Noticias de Altea
El PP de Altea acusa al gobierno de Compromís de restringir el uso de la finca Santa Bárbara a menores de 25 años
Los populares denuncian deterioro del espacio, falta de proyecto y supuestas irregularidades en la gestión de actividades en el recinto
El grupo municipal del Partido Popular de Altea ha criticado públicamente la gestión del equipo de gobierno de Compromís-PSOE en relación con la finca Santa Bárbara, tras conocerse la propuesta de limitar el acceso a este espacio a personas menores de 25 años en el sistema de reservas.
Según ha trasladado el concejal popular Alex Mulet, esta decisión partiría del área de Juventud y supondría, a su juicio, una medida discriminatoria hacia este segmento de población. “La decisión viene directamente amparada por el mismo concejal de Juventud que, por un lado, propone en Junta de Gobierno Local que los menores de 25 años no puedan reservar la finca Santa Bárbara porque son vándalos e incívicos, en definitiva, unos irresponsables”, ha señalado.
En este contexto, Mulet ha vinculado esta medida con lo que considera una falta de control en el uso del espacio, asegurando que “por el otro, se ha visto envuelto en el encubrimiento de fiestas ilegales en la Finca Santa Bárbara, tal como se ha visto en los vídeos publicados en redes sociales, hecho que denunciamos en comisiones informativas del Ayuntamiento de Altea y que han hecho caso omiso”.
Desde el grupo popular también se ha puesto el foco en el estado actual del recinto. “Desde que gobierna Compromís, un espacio tan emblemático para Altea está en continuo deterioro y parcheado”, ha afirmado Mulet, quien ha añadido que, a su entender, la finca está infrautilizada y sin una planificación definida tras más de una década de gobierno municipal.
El edil ha señalado además que el proyecto impulsado en su día por el Partido Popular para este enclave “quedó paralizado” y que no se ha desarrollado una alternativa durante los años posteriores. En esta línea, ha criticado que el uso actual del espacio no responde al potencial del recinto y ha cuestionado su orientación.
En relación con las actividades que se desarrollan en la finca, el concejal popular ha hecho referencia al campus de verano, cuya organización habría sido cedida por la concejalía de Juventud a una asociación. A lo que Mulet ha planteado dudas sobre el funcionamiento de esta entidad y el modelo de gestión del campus.
“El asociacionismo es muy interesante cuando se trata de ayudar o aunar intereses con un fin común, sin embargo, aquí parece que la asociación actúa como una sociedad mercantil encubierta siguiendo las indicaciones del concejal de Compromís”, ha manifestado el edil popular. Asimismo, ha indicado que en el desarrollo del campus participan voluntarios europeos que ejercen como monitores y que pernoctan en las instalaciones.
El concejal ha apuntado que este modelo podría generar ingresos para la entidad organizadora a través de programas de voluntariado, al tiempo que ha cuestionado la ausencia de control municipal en los cobros derivados de la actividad. También ha señalado que esta situación podría suponer una competencia desleal para empresas privadas del sector educativo y de ocio.
Por último, desde el Partido Popular se ha reclamado una regulación más amplia del uso de la finca Santa Bárbara, planteando la necesidad de diversificar las actividades y mejorar la gestión del espacio. Mulet ha concluido preguntándose por el alcance de este tipo de prácticas dentro del equipo de gobierno y su impacto en la gestión municipal.

El grupo municipal del Partido Popular de Altea ha criticado públicamente la gestión del equipo de gobierno de Compromís-PSOE en relación con la finca Santa Bárbara, tras conocerse la propuesta de limitar el acceso a este espacio a personas menores de 25 años en el sistema de reservas.
Según ha trasladado el concejal popular Alex Mulet, esta decisión partiría del área de Juventud y supondría, a su juicio, una medida discriminatoria hacia este segmento de población. “La decisión viene directamente amparada por el mismo concejal de Juventud que, por un lado, propone en Junta de Gobierno Local que los menores de 25 años no puedan reservar la finca Santa Bárbara porque son vándalos e incívicos, en definitiva, unos irresponsables”, ha señalado.
En este contexto, Mulet ha vinculado esta medida con lo que considera una falta de control en el uso del espacio, asegurando que “por el otro, se ha visto envuelto en el encubrimiento de fiestas ilegales en la Finca Santa Bárbara, tal como se ha visto en los vídeos publicados en redes sociales, hecho que denunciamos en comisiones informativas del Ayuntamiento de Altea y que han hecho caso omiso”.
Desde el grupo popular también se ha puesto el foco en el estado actual del recinto. “Desde que gobierna Compromís, un espacio tan emblemático para Altea está en continuo deterioro y parcheado”, ha afirmado Mulet, quien ha añadido que, a su entender, la finca está infrautilizada y sin una planificación definida tras más de una década de gobierno municipal.
El edil ha señalado además que el proyecto impulsado en su día por el Partido Popular para este enclave “quedó paralizado” y que no se ha desarrollado una alternativa durante los años posteriores. En esta línea, ha criticado que el uso actual del espacio no responde al potencial del recinto y ha cuestionado su orientación.
En relación con las actividades que se desarrollan en la finca, el concejal popular ha hecho referencia al campus de verano, cuya organización habría sido cedida por la concejalía de Juventud a una asociación. A lo que Mulet ha planteado dudas sobre el funcionamiento de esta entidad y el modelo de gestión del campus.
“El asociacionismo es muy interesante cuando se trata de ayudar o aunar intereses con un fin común, sin embargo, aquí parece que la asociación actúa como una sociedad mercantil encubierta siguiendo las indicaciones del concejal de Compromís”, ha manifestado el edil popular. Asimismo, ha indicado que en el desarrollo del campus participan voluntarios europeos que ejercen como monitores y que pernoctan en las instalaciones.
El concejal ha apuntado que este modelo podría generar ingresos para la entidad organizadora a través de programas de voluntariado, al tiempo que ha cuestionado la ausencia de control municipal en los cobros derivados de la actividad. También ha señalado que esta situación podría suponer una competencia desleal para empresas privadas del sector educativo y de ocio.
Por último, desde el Partido Popular se ha reclamado una regulación más amplia del uso de la finca Santa Bárbara, planteando la necesidad de diversificar las actividades y mejorar la gestión del espacio. Mulet ha concluido preguntándose por el alcance de este tipo de prácticas dentro del equipo de gobierno y su impacto en la gestión municipal.





























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