La Justicia avala las obras de emergencia para garantizar el agua en Altea Hills y Sierra de Altea

El Ayuntamiento de Altea ha obtenido el respaldo judicial a las medidas de emergencia adoptadas en septiembre de 2024 para evitar problemas de abastecimiento de agua potable en Altea Hills, Sierra de Altea y otras zonas del municipio. La sentencia considera que las actuaciones estuvieron justificadas por la existencia de un riesgo real de interrupción del suministro.

La resolución desestima íntegramente el recurso presentado por APOBERSA, antigua empresa gestora, y confirma los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento de Altea para ejecutar cinco intervenciones en La Mallà-Altea Hills, Mascarat, Sierra Altea II, Urlisa III y Finca Alhama.

Las obras cuentan con una inversión estimada próxima a los 3,74 millones de euros y fueron tramitadas mediante el procedimiento de emergencia ante la necesidad de garantizar un servicio público esencial.

Así, la sentencia considera acreditada la concurrencia de circunstancias excepcionales, entre ellas la sequía, el incremento imprevisto del consumo y el descenso del nivel del Pozo Bunnik.

Según la resolución, estos factores generaron un riesgo de desabastecimiento que requería una respuesta inmediata. El fallo concluye que la tramitación de emergencia era el procedimiento adecuado para evitar que la situación afectara al suministro de cientos de viviendas.

El tribunal también determina que las actuaciones ejecutadas fueron las necesarias para responder al problema y que la declaración de emergencia estuvo respaldada por informes técnicos y jurídicos.

Por otro lado, la resolución considera adecuada la elección de la UTE Aigües d’Altea para desarrollar las obras. La sentencia señala que la concesionaria disponía de los medios técnicos y humanos necesarios para intervenir de manera inmediata al ser la responsable del servicio municipal de abastecimiento.

El fallo rechaza los argumentos formulados por APOBERSA, descarta que existiera desviación de poder por parte del Ayuntamiento de Altea y concluye que la finalidad de las decisiones adoptadas fue proteger el suministro de agua potable. Además de desestimar el recurso en su totalidad, la sentencia impone las costas judiciales a la antigua gestora.

Tras la resolución, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha señalado que el fallo respalda las decisiones municipales tomadas durante uno de los episodios más complejos registrados en el sistema local de abastecimiento. “Esta sentencia confirma que el Ayuntamiento actuó como debía hacerlo: con responsabilidad, con el respaldo de los informes técnicos y jurídicos y pensando únicamente en proteger un servicio esencial para nuestros vecinos y vecinas”, ha declarado.

Zaragozí ha afirmado que el consistorio no podía retrasar las actuaciones, porque “cuando el suministro de agua estuvo en riesgo, no podíamos permitirnos esperar”, ha añadido, además de subrayar que “la prioridad del equipo de gobierno siempre ha sido garantizar el interés general”.