Un nuevo informe de 17.545 euros sobre Serra Gelada abre otro frente político en Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm ha contratado por 17.545 euros un nuevo dictamen para analizar la ejecución del acuerdo relacionado con la sentencia de los terrenos del APR-7 de Serra Gelada. La decisión ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el gobierno local, después de que los socialistas hayan preguntado si el informe puede implicar cambios en la forma de cumplir lo pactado con los propietarios.

La contratación se ha conocido en la Comisión Informativa de Hacienda, donde se ha dado cuenta de la retención presupuestaria correspondiente a un contrato menor con Broseta Abogados para diseñar “estrategias jurídicas complementarias” patrimoniales, urbanísticas y administrativas.

El acuerdo alcanzado en marzo, posteriormente aprobado por el pleno y homologado judicialmente, establece distintas fórmulas para cumplir la sentencia, entre ellas pagos en metálico y mediante terrenos. El presupuesto municipal contempla ya un primer desembolso de 60 millones de euros este año. Según los cálculos del PSOE, el coste total podría alcanzar unos 570 millones durante 50 años incluyendo intereses.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha cuestionado el momento y la necesidad del nuevo dictamen y ha reclamado explicaciones sobre su finalidad. “Hemos pedido explicaciones al alcalde. Lo único que nos ha contestado es que cuando lo tengan nos facilitará copia en Junta de Portavoces”, ha señalado.

El PSOE también ha puesto el foco en la tramitación del contrato. Según la documentación citada por el grupo, se ha acudido directamente a Broseta sin solicitar otros dos presupuestos debido a la experiencia urbanística atribuida al despacho y a la urgencia del servicio, que dificultaría trasladar toda la información a otros profesionales para preparar ofertas. Además, Castillo ha recordado que la defensa municipal había sido encargada anteriormente mediante contrato menor a la letrada Ana Falomir Faus.

Los socialistas han relacionado también el nuevo contrato con la polémica sobre el acceso a los expedientes judiciales. Castillo ha citado un informe jurídico municipal del 5 de mayo de 2026 que señalaba que el Ayuntamiento “no ostenta la custodia de los Autos judiciales” y remitía a los siete órganos judiciales implicados para solicitar determinada documentación.

Así, el PSOE cuestiona que un despacho externo pueda disponer de la información necesaria para elaborar el dictamen mientras el grupo municipal asegura no haber tenido acceso completo a esos expedientes. Con ello, el portavoz adjunto socialista ha recordado la resolución del Síndic de Greuges del 10 de julio, la cual consideraba “obvio” que el Ayuntamiento dispone de la información judicial solicitada e instó a facilitarla.

El grupo ha registrado una batería de preguntas al alcalde y, nuevamente, Castillo ha vuelto a relacionar el conflicto actual con las decisiones adoptadas sobre Serra Gelada desde el convenio de 2003.

El gobierno niega cualquier cambio del acuerdo

La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha respondido a las críticas socialistas asegurando que “el PSOE quiere generar dudas sobre el acuerdo de Serra Gelada porque ha fiado su futuro político a este asunto”. Según Caselles, el grupo socialista pretende cuestionar un acuerdo que permite afrontar el cumplimiento de la sentencia mediante diferentes fórmulas.

En cualquier caso, la portavoz ha rechazado que el nuevo informe suponga un cambio de posición. “El Ayuntamiento cumplirá a rajatabla con el acuerdo”, ha asegurado, además de explicar que, al contemplar el acuerdo diferentes fórmulas de cumplimiento, el consistorio tiene la obligación de estudiar cuál resulta “más beneficiosa para el interés general” y ha acusado al PSOE de intentar “generar dudas” sobre Serra Gelada.

Tal y como ha trasladado en la comisión el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el acuerdo está aprobado por el pleno y homologado judicialmente, aunque el Ayuntamiento “sigue explorando la ejecución precisamente de ese acuerdo”. También ha asegurado que el dictamen será facilitado a los grupos cuando esté terminado y registrado.

Pérez ha añadido que se han celebrado 44 juntas de portavoces y 28 sesiones plenarias sobre Serra Gelada en los últimos tres años y que el PSOE tuvo acceso al decreto de contratación desde su firma.

Por último, Caselles ha contrapuesto la gestión actual con la realizada durante los gobiernos socialistas en relación con los convenios de 2010 y 2013, que ha situado “en el germen de la sentencia”.