Altea concede ayudas para el pago del IBI a 110 familias y 94 recibirán la cuantía máxima de 300 euros

El Ayuntamiento de Altea ha concedido ayudas para hacer frente al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a 110 familias del municipio, de las que 94 recibirán la cuantía máxima establecida de 300 euros. La convocatoria, impulsada conjuntamente por las concejalías de Hacienda y Bienestar Social, está destinada a determinados colectivos que cumplen los requisitos establecidos en el plan municipal.

El concejal de Hacienda, José María Borja, y la edil de Bienestar Social, Anna Lanuza, han dado a conocer el balance de esta convocatoria, que persigue facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria a los hogares que pueden encontrar mayores dificultades económicas para afrontar el recibo.

“Una de las prioridades de este Ayuntamiento es hacer una gestión responsable de los recursos públicos, pero también conseguir que esa gestión tenga un retorno directo en nuestros vecinos. Estas ayudas al IBI son un buen ejemplo. Destinamos recursos municipales para ayudar a las familias a afrontar una obligación tributaria”, ha señalado Borja.

El responsable municipal de Hacienda ha explicado que el Ayuntamiento ha planteado estas ayudas teniendo en cuenta el impacto que el impuesto puede tener sobre determinadas economías familiares.

“El pago del IBI forma parte de las obligaciones que tienen los propietarios de inmuebles y somos conscientes que, para determinadas familias, hacer frente a este pago puede suponer un esfuerzo importante. Por eso ponemos en marcha estas ayudas con el objetivo de que una obligación tributaria no se convierta en un problema económico añadido”, ha indicado.

En total, 110 familias de Altea se beneficiarán del plan municipal, mientras que 94 de ellas percibirán la cuantía máxima de 300 euros.

Según ha detallado el concejal, pueden acogerse a este recurso personas empadronadas en Altea que sean propietarias o arrendatarias y se encuentren dentro de los supuestos establecidos en la convocatoria, entre ellos jubilados, familias numerosas, familias monoparentales y monomarentales, personas beneficiarias de ayudas por discapacidad o personas desempleadas.

“Estamos hablando de 110 familias de Altea, personas empadronadas en el municipio que son propietarias o arrendatarias susceptibles de acogerse a este recurso”, ha explicado Borja, quien ha considerado que las cifras muestran la incidencia de la convocatoria sobre la economía de los hogares beneficiarios.

El edil ha añadido que desde el área de Hacienda se continuará trabajando para compatibilizar el control de las cuentas municipales con la puesta en marcha de programas destinados a atender determinadas necesidades económicas de la población. “Gestionar bien significa también saber donde son necesarios los recursos y destinarlos allí donde pueden tener un mayor impacto”, ha manifestado.

Tanto Borja como Lanuza han destacado la coordinación entre las concejalías de Hacienda y Bienestar Social para desarrollar y aplicar el programa. Según el responsable de Hacienda, el trabajo conjunto permite combinar los recursos económicos municipales con el conocimiento que los servicios sociales tienen de las necesidades existentes entre las familias de Altea.

Por su parte, Anna Lanuza ha incidido en el componente social de la convocatoria. “Detrás de cada solicitud hay una familia y una realidad concreta. Desde Bienestar Social queremos que las personas que atraviesan una situación económica complicada sepan que cuentan con el Ayuntamiento”, ha señalado.

La concejala ha destacado igualmente que más de un centenar de familias recibirán estas ayudas para afrontar el pago del IBI y reducir el impacto de este gasto en sus economías.

Lanuza también ha señalado que “las políticas sociales requieren de una visión transversal y de la colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento. En este caso, el trabajo conjunto con Hacienda permite convertir una partida económica en una ayuda directa para las familias que la necesitan”.

El Plan de Ayudas Municipales para el pago del IBI busca así facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria a los hogares que reúnen los requisitos contemplados en la convocatoria, mediante aportaciones económicas municipales que alcanzan hasta los 300 euros por beneficiario.