Una operación policial en el Intempo de Benidorm detecta al menos siete apartamentos turísticos presuntamente ilegales

Las inspecciones se realizaron de forma aleatoria en apartamentos de las torres Poniente y Levante del edificio Intempo, uno de los inmuebles más reconocibles del perfil urbano de Benidorm. Los agentes comprobaron las condiciones en las que se desarrollaba la actividad de alojamiento turístico y recabaron información para determinar si los establecimientos cumplían los requisitos administrativos.

En la intervención participaron alrededor de 40 efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, que trabajaron de manera coordinada durante varias horas. Paralelamente, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de control de personas y vehículos en el entorno del inmueble.

Según la información facilitada sobre el operativo, las actuaciones se desarrollaron con normalidad y contaron con la colaboración de los residentes y de las personas alojadas en los apartamentos inspeccionados.

Como resultado, los agentes detectaron al menos siete alojamientos turísticos que presuntamente carecían de la habilitación administrativa necesaria para desarrollar esta actividad. Las irregularidades observadas deberán ser examinadas en los correspondientes procedimientos antes de determinar posibles responsabilidades.

El operativo se enmarca en las labores de vigilancia de las viviendas de uso turístico que desarrolla el Ayuntamiento de Benidorm tras asumir competencias de inspección y sanción en esta materia. El departamento municipal de Comercio es el encargado de instruir y tramitar los expedientes que puedan derivarse de las actuaciones policiales.

La intervención en Intempo se produce después de que el Ayuntamiento comenzara a aplicar sanciones por actividades de alojamiento turístico sin los requisitos exigidos. En julio de 2026, el consistorio informó de que había recibido 70 denuncias que afectaban a 196 viviendas desde que asumió estas competencias. De ellas, 107 contaban con registro turístico, 73 continuaban en proceso de inspección y otras 16 habían sido propuestas para sanción.

De esos expedientes, cuatro sanciones ya se habían hecho efectivas, con importes inicialmente fijados en 50.001 euros cada una. Sus responsables se acogieron a las reducciones previstas por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago, lo que rebajó las cuantías a la mitad. Las cuatro sanciones representaron algo más de 100.000 euros de ingresos municipales.

La actividad de inspección está amparada por el Decreto-ley 9/2024 de la Generalitat Valenciana, que modificó la normativa autonómica sobre viviendas de uso turístico y abrió la posibilidad de delegar en los ayuntamientos la tramitación y resolución de procedimientos sancionadores.

Además de comprobar la situación administrativa de los apartamentos, las fuerzas policiales analizarán la documentación obtenida para determinar si existen posibles incumplimientos de las obligaciones de registro y comunicación de datos de los huéspedes.

Estas exigencias están reguladas por el Real Decreto 933/2021, que establece obligaciones documentales para las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de hospedaje. La normativa de seguridad ciudadana contempla sanciones para determinados incumplimientos de estas obligaciones. En los casos calificados como infracción grave, las multas pueden situarse entre 601 y 30.000 euros, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por otras irregularidades.

El dispositivo del edificio Intempo forma parte de la colaboración entre ambos cuerpos policiales para detectar posibles alojamientos turísticos que operen sin cumplir los requisitos legales. Las conclusiones administrativas dependerán de la revisión de las inspecciones y de la tramitación de los procedimientos correspondientes.