El PP de Altea acusa al gobierno de años de falta de mantenimiento y previsión en el cierre del Mercado Municipal

Los informes técnicos de 2018, 2021 y 2024 constituyen el principal argumento del Partido Popular de Altea para cuestionar la gestión del gobierno municipal ante el deterioro del Mercado Municipal, cerrado desde el pasado 31 de octubre por razones de seguridad. La formación sostiene que las advertencias sobre el estado del inmueble eran conocidas desde hace años y reclama explicaciones sobre las medidas adoptadas antes de que se decidiera interrumpir la actividad comercial.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, la portavoz popular, Rocío Gómez, acusaba al ejecutivo de falta de mantenimiento, planificación y previsión. Sus críticas se dirigen tanto a las actuaciones sobre la estructura del edificio como a la organización del traslado provisional de los comerciantes.

“El mercado no cierra por sorpresa, lo hace después de años de problemas conocidos y de una falta de actuación que ahora pagan los comerciantes y todos los alteanos”, ha manifestado la portavoz del PP, quien también ha criticado las explicaciones ofrecidas por el alcalde Diego Zaragozí y el concejal de Comercio, José María Borja, durante su comparecencia del 29 de octubre.

La comparecencia de los populares se producía  después de que el Ayuntamiento explicara previamente que el cierre respondía a las conclusiones de un informe externo presentado el 6 de agosto de 2026, en el que se advertía de deficiencias estructurales que hacían necesario reforzar la cimentación y los pilares.

El gobierno local defendió entonces que la decisión se había adoptado siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales para garantizar la seguridad de comerciantes, trabajadores y usuarios del inmueble.

El PP pide explicaciones sobre los informes anteriores a 2026

Uno de los principales reproches de los populares se refiere a la existencia de documentación técnica anterior al informe de agosto. Según Gómez, el Ayuntamiento de Altea disponía de informes desde 2018 y 2021, mientras que otro documento elaborado en 2024 ya recogía pruebas técnicas sobre el estado del edificio y planteaba actuaciones a corto y largo plazo.

Durante su intervención, la portavoz hizo referencia al contenido de este último documento y mencionaba problemas relacionados con la falta de impermeabilización, las filtraciones, la corrosión de las armaduras, la pérdida de resistencia del hormigón y el deterioro de elementos estructurales.

Para el PP, estas advertencias demuestran que las deficiencias no aparecieron repentinamente en agosto. Por ello, reclama conocer qué medidas se adoptaron para corregir los problemas recogidos en los informes anteriores y cuáles quedaron pendientes.

Los populares también han recordado que el sótano llevaba más de dos años apuntalado, una circunstancia que fue puesta de manifiesto por los representantes de los comerciantes durante el último Consejo de Comercio. La portavoz asegura que su grupo había solicitado explicaciones en diferentes Comisiones Informativas sobre las actuaciones previstas sin obtener respuestas.

En este punto, el PP discrepa de la versión ofrecida por Zaragozí, quien explicó el 29 de octubre que los apuntalamientos preventivos en la zona de las pescaderías respondían a filtraciones de agua y no implicaban riesgo de derrumbe. El alcalde alteano diferenció aquella situación de las deficiencias estructurales detectadas posteriormente en la cimentación y los pilares.

La portavoz popular rechaza que esta explicación permita dar por resuelta la controversia y reclama que se publiquen los informes para conocer qué medidas recomendaban y cuáles se ejecutaron. Según ha denunciado, el PP no pudo acceder a esta documentación hasta hace aproximadamente dos semanas, pese a haberla solicitado con anterioridad.

Gómez ha insistido en que los informes deben hacerse públicos para esclarecer qué actuaciones recomendaban y cuáles se ejecutaron, además de señalar que su grupo no tuvo acceso a esta documentación hasta hace aproximadamente dos semanas.

Igualmente, la portavoz popular también ha recordado que en mayo su grupo preguntó por qué no se utilizaba uno de los locales de los bajos del mercado para prestar algún servicio público. Según ha explicado, el alcalde respondió entonces que debían realizarse previamente pruebas de resistencia, una contestación que considera indicativa de que el gobierno ya conocía los problemas del inmueble.

Tres meses desde las advertencias hasta el cierre

La gestión del traslado de los comerciantes constituye el segundo gran motivo de crítica. El 28 de julio, el Ayuntamiento reunió a los concesionarios para advertirles de la posibilidad de cierre. Para Gómez, aquella reunión debería haber servido para iniciar los trámites necesarios y preparar una alternativa que evitara la interrupción de los negocios.

“Han tenido tiempo para conocer los problemas, pero no han tenido capacidad para anticiparse a sus consecuencias”, ha afirmado la portavoz, quien también ha reprochado al alcalde y al concejal de Comercio su falta de actuación durante el periodo vacacional de agosto, cuando los vendedores continuaban pendientes de conocer cómo podrían mantener sus negocios.

El gobierno municipal explicó días antes que durante agosto se mantuvieron contactos con la Cámara de Comercio de Alicante y varias empresas para valorar la instalación de una estructura provisional en la plaza del Ayuntamiento, pero que el proyecto se presentó a los comerciantes el 5 de octubre y que las adhesiones definitivas llegaron al consistorio el día 21, circunstancia que relacionó con el retraso en la contratación.

Sin embargo, el PP rechaza que esta secuencia justifique la falta de una alternativa operativa desde el primer día del cierre. Gómez sostiene que los concesionarios tenían derecho a negociar las condiciones, presentar alegaciones y solicitar garantías por escrito antes de comprometerse con el traslado. Además, hay que recordar que de los doce puestos existentes, nueve han aceptado la reubicación y tres han decidido no acogerse.

La interrupción de la actividad también tiene consecuencias económicas para los negocios afectados. Durante la comparecencia, la edil María Lloret advertía de que los comerciantes deben seguir afrontando salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y otros gastos fijos pese a su actividad habitual permanece interrumpida. Asimismo, la concejal popular también alertaba del riesgo de perder clientela si el mercado provisional tarda demasiado en abrir, ya que algunos consumidores podrían acostumbrarse a comprar en otros establecimientos.

El proyecto municipal contempla una estructura cubierta con climatización, aseos y otros servicios en la plaza del Ayuntamiento. Para su instalación, el pleno aprobó el pasado 1 de octubre una dotación de 408.000 euros, de los que 283.000 se destinan al alquiler de la estructura y 125.000 al traslado y adecuación de los puestos.

Una rehabilitación integral para conseguir un mercado del siglo XXI

Más allá del traslado provisional, el Partido Popular considera que las obras deberían aprovecharse para modernizar el mercado y no limitarse a solucionar las deficiencias estructurales que han provocado su cierre. “No queremos un mercado que simplemente vuelva a abrir con los mismos problemas y las mismas carencias, queremos un mercado del siglo XXI”, ha reivindicado Gómez.

Preguntada sobre sus propuestas concretas, la portavoz planteó renovar la imagen de la planta comercial, actualizar los puestos, mejorar los servicios y estudiar nuevos horarios de apertura, siempre de acuerdo con los concesionarios. Entre las posibilidades mencionadas figura abrir algunas tardes y fomentar la colaboración entre los establecimientos de alimentación y el bar existente en el recinto.

Gómez también cuestiona que el gobierno municipal impulsara en 2024 un proyecto de domotización para convertir el mercado en un edificio inteligente mientras ya existían advertencias técnicas sobre su deterioro. La actuación, que no llegó a ejecutarse, estaba financiada con fondos europeos y contemplaba la incorporación de tecnología y sensores para mejorar el funcionamiento de las instalaciones.

Durante la rueda de prensa también se abordó la responsabilidad de Caixaltea, propietaria del 50,5% del edificio, frente al 49,5% correspondiente al Ayuntamiento. Preguntada por su anterior etapa como presidenta de la entidad, cargo que ocupó entre 2022 y 2023, Gómez explicó que el proyecto de ampliación previsto entonces era diferente al actual, con una propuesta que contemplaba acondicionar los espacios superiores y realizar determinados refuerzos estructurales.

La portavoz defendió que las necesidades actuales son distintas y recordó que el consistorio alteano también debe asumir sus responsabilidades como copropietario del inmueble y titular de las instalaciones comerciales.

En cuanto a los plazos, el gobierno local ha situado en 14 meses la duración estimada de las obras estructurales, aunque Gómez advierte de que ese periodo no equivale necesariamente al tiempo total de cierre. Antes deberán concretarse las autorizaciones, la contratación y la fecha de inicio de los trabajos.

La portavoz asegura que su grupo todavía no ha recibido el proyecto completo ni de un calendario definitivo. Incluso se le preguntó por la posibilidad de estudiar una reconstrucción íntegra del inmueble, una alternativa que no descartó analizar siempre que los informes técnicos y los costes permitieran valorar su viabilidad.

Críticas a Zaragozí y exigencia de explicaciones

La comparecencia también tuvo un marcado componente político. Rocío Gómez acusó al alcalde y al concejal de Comercio de haber dedicado buena parte de su última rueda de prensa a cuestionar al PP y calificarlos de mentirosos, en lugar de explicar las decisiones adoptadas ante el deterioro del mercado.

La portavoz comparó esta actitud con la estrategia política que atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que el ejecutivo alteano intenta desacreditar a la oposición para desviar la atención de su gestión.

También llegó a comparar la actuación municipal con la de un “fondo buitre”, al entender que se había permitido el deterioro del patrimonio antes de intervenir cuando la situación era urgente para “luego adquirirla a precio de saldo”. En este sentido, estableció un paralelismo con la antigua Cooperativa Agrícola de Altea y su posterior adquisición por parte del Ayuntamiento.

“Señor Zaragozí, deje de hacer oposición a la oposición y empiece a ejercer de alcalde. Y señor Borja, deje de justificar lo injustificable y asuma las responsabilidades de su concejalía”, espetaba Gómez.

Con todo, el Partido Popular de Altea exige la publicación de todos los informes técnicos, una relación de las actuaciones de mantenimiento realizadas, un calendario realista para el mercado provisional y un proyecto de rehabilitación integral que garantice el futuro de las instalaciones.

“Altea no puede quedarse sin mercado municipal, algo que es parte de nuestro pueblo, que es tradición, que es cercanía, que da un plus al municipio, por la dejadez de quien lleva 12 años gobernando”, concluyó Rocío Gómez.