La Guardia Civil interviene más de 90 kilos de pescado inmaduro en el puerto de Altea
Las actuaciones se enmarcan en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP) y podrían derivar en sanciones de hasta 60.000 euros o la suspensión de la actividad de las embarcaciones implicadas
La Guardia Civil, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ha intervenido más de 90 kilos de pescado inmaduro en el puerto de Altea, incluyendo pulpo de roca y merluza que no cumplían con las normativas. Las actuaciones, enmarcadas en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), podrían derivar en sanciones de hasta 60.000 euros y la suspensión de la actividad de los embarcaciones implicadas.
La Guardia Civil, en colaboración con el Inspector de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana, ha intervenido más de 90 kilogramos de pescado inmaduro en el puerto pesquero de Altea. Esta operación se enmarca en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de las normativas pesqueras y preservar la sostenibilidad de los recursos marítimos.
Durante la actuación, los agentes del SEPRONA inspeccionaron embarcaciones y la lonja del puerto, detectando varias infracciones relacionadas con la captura y comercialización de pescado. Entre las irregularidades encontradas, se identificaron partidas de pulpo de roca que no cumplían con el peso mínimo reglamentario de 1.000 gramos. Además, un particular fue sorprendido transportando 7 kilogramos de merluza inmadura adquirida directamente de una embarcación, fuera del marco de la normativa vigente.
Como resultado, se instruyeron seis actas de infracción contra tres embarcaciones pesqueras, dos mercantiles y un particular. Estas actas han sido remitidas a la Dirección Territorial de Agricultura y Pesca de Alicante, encargada de determinar las sanciones correspondientes.
Las irregularidades detectadas pueden acarrear sanciones económicas que, según la Ley 5/2017 de Pesca Marítima y Acuicultura, oscilan entre 601 y 60.000 euros. Además, los buques implicados podrían enfrentarse a la suspensión temporal de su actividad pesquera.
El pescado inmaduro intervenido fue depositado en la cámara de la lonja del puerto y, posteriormente, entregado a un centro benéfico, siguiendo las directrices de la Dirección Territorial de Agricultura y Pesca de Alicante.
La actuación refuerza el compromiso de las autoridades por garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el cumplimiento de las normativas que regulan la actividad marítima. Este tipo de inspecciones no solo buscan sancionar irregularidades, sino también proteger a los pescadores que cumplen con la legislación, asegurando la competitividad y el equilibrio del sector pesquero en la comarca.
La Guardia Civil, en colaboración con el Inspector de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana, ha intervenido más de 90 kilogramos de pescado inmaduro en el puerto pesquero de Altea. Esta operación se enmarca en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de las normativas pesqueras y preservar la sostenibilidad de los recursos marítimos.
Durante la actuación, los agentes del SEPRONA inspeccionaron embarcaciones y la lonja del puerto, detectando varias infracciones relacionadas con la captura y comercialización de pescado. Entre las irregularidades encontradas, se identificaron partidas de pulpo de roca que no cumplían con el peso mínimo reglamentario de 1.000 gramos. Además, un particular fue sorprendido transportando 7 kilogramos de merluza inmadura adquirida directamente de una embarcación, fuera del marco de la normativa vigente.
Como resultado, se instruyeron seis actas de infracción contra tres embarcaciones pesqueras, dos mercantiles y un particular. Estas actas han sido remitidas a la Dirección Territorial de Agricultura y Pesca de Alicante, encargada de determinar las sanciones correspondientes.
Las irregularidades detectadas pueden acarrear sanciones económicas que, según la Ley 5/2017 de Pesca Marítima y Acuicultura, oscilan entre 601 y 60.000 euros. Además, los buques implicados podrían enfrentarse a la suspensión temporal de su actividad pesquera.
El pescado inmaduro intervenido fue depositado en la cámara de la lonja del puerto y, posteriormente, entregado a un centro benéfico, siguiendo las directrices de la Dirección Territorial de Agricultura y Pesca de Alicante.
La actuación refuerza el compromiso de las autoridades por garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el cumplimiento de las normativas que regulan la actividad marítima. Este tipo de inspecciones no solo buscan sancionar irregularidades, sino también proteger a los pescadores que cumplen con la legislación, asegurando la competitividad y el equilibrio del sector pesquero en la comarca.
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