El pleno de Altea exige la construcción del Centro de Día y aprueba una enmienda contra la Ley de Libertad Educativa

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Altea, celebrado en la jornada de ayer, estuvo marcado por la aprobación de todos los puntos del orden del día y por un intenso debate entre el equipo de gobierno, conformado por Compromís y PSOE, y los grupos de la oposición, PP y VOX. Dos cuestiones destacaron especialmente en la sesión: la exigencia a la Generalitat Valenciana para que retome la construcción del Centro de Día Público de Altea y el rechazo a la moción presentada por VOX sobre la Ley de Libertad Educativa, que fue sustituida por una enmienda a la totalidad impulsada por el gobierno local.

Uno de los asuntos centrales del pleno fue la moción presentada por el concejal de Urbanismo y defendida por la edil de Bienestar Social y Mayores, con la que el Ayuntamiento de Altea reclama a la administración autonómica que mantenga la inversión prevista para el Centro de Día y que se garantice su construcción en los presupuestos de 2025. Según el equipo de gobierno, esta infraestructura es clave para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de la localidad, por lo que exigieron que la Generalitat Valenciana revierta la revocación de la Delegación de Competencias y asegure la ejecución del proyecto. La moción salió adelante con el respaldo de Compromís y PSOE, mientras que PP y VOX votaron en contra, argumentando que la paralización del proyecto responde a cuestiones de plazos administrativos.

El otro gran punto de fricción se produjo en torno a la moción presentada por VOX, que reclamaba la difusión de la votación sobre la elección de la lengua base de escolarización y el fomento de la participación ciudadana en el proceso, que tendrá lugar del 25 de febrero al 4 de marzo. La formación alegó que la Ley de Libertad Educativa garantiza el derecho de los padres a decidir en qué lengua estudian sus hijos y denunciaron que, hasta ahora, este derecho había sido restringido en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, el equipo de gobierno rechazó esta iniciativa y presentó una enmienda a la totalidad, defendida por la edil de Educación, Xelo González, en la que criticaron la nueva normativa, asegurando que “no responde a criterios pedagógicos ni a una mejora del sistema educativo, sino que supone un ataque frontal contra la normalización del valenciano y el modelo de inmersión lingüística”. Desde Compromís y PSOE sostuvieron que la ley “desvirtúa la enseñanza plurilingüe, fomenta la segregación lingüística y pone en peligro el derecho del alumnado a aprender y vivir en valenciano”, además de abrir la puerta a la eliminación progresiva de la lengua en los centros educativos.

Asimismo, la enmienda impulsada por el equipo de gobierno también cuestionó el proceso de votación previsto, calificándolo como “un instrumento para desmantelar progresivamente el valenciano en la enseñanza, disfrazado de participación democrática”. La edil de Educación defendió que “no puede garantizarse una educación en igualdad de oportunidades si se relega la lengua propia a un papel secundario u opcional”.

Además, la propuesta de Compromís y PSOE incluyó una petición a la Generalitat Valenciana para que asegure la presencia del valenciano en el modelo educativo, garantizando que el alumnado adquiera una competencia plena en la lengua, tal como establece el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

El pleno concluyó con la aprobación de la enmienda a la totalidad, que contó con el respaldo del equipo de gobierno. PP y VOX votaron en contra, desde la oposición insisten en la importancia de respetar la libertad de elección en el ámbito educativo.