Benidorm explora todas las opciones legales para evitar el pago de 330 millones de euros por los terrenos de Serra Gelada

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población tras la providencia del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Esta resolución ratifica una condena que obliga al consistorio benidormense a pagar más de 330 millones de euros a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, como compensación por los terrenos de la zona del APR-7 de Serra Gelada, que fueron declarados parque natural en 2005.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, Pérez recalcó que el Ayuntamiento sigue explorando todas las opciones legales disponibles para evitar el pago de esta cuantiosa indemnización, que equivale a dos presupuestos y medio del municipio. “Es muy pronto para avanzar cuál va a ser la hoja de ruta”, indicó el alcalde, y subrayó que los servicios jurídicos y económicos municipales están trabajando para definir las siguientes acciones y estrategias, a pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo ha hecho firme el fallo del TSJCV.

El origen de este complejo caso se remonta a 2003, cuando el entonces alcalde Vicente Pérez Devesa firmó un convenio con los propietarios de los terrenos afectados en el sector APR-7 de Serra Gelada, con el fin de compensarles por la imposibilidad de urbanizar sus parcelas debido a la declaración de parque natural. Este acuerdo establecía que los propietarios recibirían compensaciones económicas o terrenos urbanizables a cambio de no poder edificar en la zona. Sin embargo, dicho convenio nunca fue ejecutado, pero se renovaron en 2010 y 2013, durante el mandato del socialista Agustín Navarro, a pesar de que la zona ya había sido protegida como parque natural.

En este contexto, los propietarios demandaron al Ayuntamiento por incumplir los acuerdos de compensación y, tras una serie de procesos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó en mayo de 2024 una sentencia en la que ordenaba el pago de 283 millones de euros más los intereses legales a los propietarios de los terrenos.

Este fallo fue ratificado la semana pasada por el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso presentado por el consistorio benidormense. Aunque la sentencia es firme, el alcalde Toni Pérez destacó que el Ayuntamiento no ha agotado todas sus opciones legales. “Todavía estamos en medio de un proceso judicial que no está cerrado”, afirmó, recordando que existen otras cinco causas abiertas, dos de las cuales ya han fallado a favor del Ayuntamiento de Benidorm.

Pérez también hizo hincapié en que Benidorm sigue defendiendo la nulidad de los convenios firmados en 2003, 2010 y 2013, respaldado por informes técnicos, jurídicos y económicos que consideran que dichos acuerdos son inválidos. El alcalde recordó que, en primera instancia, los tribunales ya han fallado en favor del Ayuntamiento en relación con la nulidad de los convenios, aunque las decisiones están recurridas por los propietarios y aún están pendientes de resolución en el Tribunal Superior de Justicia.

El alcalde defendió la postura de su gobierno, asegurando que todas las decisiones tomadas en relación a este caso se basaron en los informes y recomendaciones de los técnicos municipales, así como del Consell Jurídic Consultiu. En cuanto a la responsabilidad por los convenios firmados en 2010 y 2013, Pérez subrayó que el PSOE aprobó la renovación de los acuerdos en un contexto en el que ya se había declarado la zona como parque natural, lo que dificultaba cualquier intento de urbanización. En este sentido, Pérez también criticó al partido socialista benidormense por haber renovado los convenios a pesar de las dudas expresadas por el Partido Popular en su momento. “El PSOE aprobó estos convenios a sabiendas de que ya existía un marco legal que no permitía la urbanización de los terrenos”, declaró Pérez, apuntando a las contradicciones dentro de los gobiernos socialistas.

Del mismo modo, Toni Pérez se mostraba firme al defender la gestión económica de su gobierno, destacando que las cuentas municipales se encuentran saneadas tras asumir el gobierno de manos socialistas en 2015 con 93 millones de euros de deuda.

Por último, Toni Pérez lanzaba dos cuestiones clave: “¿Se imagina qué ocurriría si aceptamos ahora el pago o una negociación y al final la Justicia nos da la razón?” o “¿se imaginan que todos los procesos acaban dándonos la razón?”. A pesar de la magnitud de la sentencia y la incertidumbre sobre el futuro inmediato, el alcalde aseguró que el gobierno municipal no se rendirá y continuará trabajando para defender los intereses de Benidorm ante los tribunales: "Es un caso complejo, pero estamos preparados para seguir luchando por el bienestar de nuestros vecinos".

El PSOE exige disculpas y la dimisión de Toni Pérez

La sentencia del Tribunal Supremo con la condena al pago de 330 millones de euros plantea serios retos financieros para la ciudad, lo que ha generado preocupaciones sobre una “posible quiebra técnica de las arcas municipales”, así lo apuntaba la portavoz del PSOE benidormense, Cristina Escoda, quien ha responsabilizado al alcalde de la situación, acusándolo de haber llevado al municipio a una crisis económica debido a las decisiones relacionadas con estos convenios.

Escoda afirmó que el impacto de esta sentencia es tan grande que podría “cerrar de verdad el Ayuntamiento” y, por ello, pedía la dimisión de Toni Pérez. No obstante, a pesar de las dudas expresadas por la oposición, Pérez insistió en que el gobierno local siempre ha actuado con transparencia y con el interés general de los vecinos de Benidorm como prioridad.