El pleno de Benidorm aprueba el nuevo contrato de parques y jardines por más de 10 millones de euros

El Ayuntamiento de Benidorm aprobó este lunes en pleno, con los votos del Partido Popular y Vox, el nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines, que asciende a 10.578.956 euros y tendrá una vigencia de cinco años. El proyecto contempla una ampliación significativa de la superficie verde bajo gestión municipal, que pasa de unos 830.000 metros cuadrados a más de 1,7 millones, e incluye el parque urbano de El Moralet, zonas escolares, cementerios, instalaciones deportivas y nuevos espacios públicos.

El edil responsable, José Ramón González de Zárate, defendió que el contrato “mejora la calidad del servicio actual” y ha sido elaborado con el respaldo técnico de la Universidad de Alicante, destacando que “hemos intentado hacer una ciudad más amable, poniendo una planta o un árbol donde hemos podido”. El PSOE se abstuvo en la votación tras un agrio debate sobre el precio del servicio y los criterios de adjudicación.

Antes, el pleno comenzó con un tono institucional al aprobarse por unanimidad la Distinción Europa 2025 al empresario Enrique Ballester Chofre, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, su implicación social y su contribución al desarrollo económico y comunitario de Benidorm durante las últimas seis décadas.

También se ratificaron por consenso el Autorreglamento del Presupuesto Participativo 2026, que busca canalizar la participación vecinal en las inversiones municipales, y la transformación de una licencia de taxi convencional a adaptado, medida que busca mejorar la inclusión y el servicio para personas con movilidad reducida.

No obstante, la sesión fue ganando en tensión a medida que se abordaron puntos más sensibles, como la prórroga del contrato de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), aprobada también por unanimidad pero con acusaciones cruzadas sobre la gestión del expediente.

Uno de los debates más encendidos se produjo en torno a una moción del PP para pedir al Gobierno de España que frene la supresión de un Juzgado de Instrucción en Benidorm y que, en su lugar, refuerce la plantilla judicial. La moción fue aprobada con los votos del PP y Vox y el rechazo del PSOE, que defendió que no se trata de una supresión, sino de una reorganización judicial ligada a la implantación de la nueva ley de eficiencia procesal.

La portavoz adjunta del PP, Mónica Gómez, alertó de que “Benidorm ha pasado de tener cinco a tres juzgados de Instrucción”, algo que, a su juicio, supone “un perjuicio para los ciudadanos y para las víctimas de delitos”. Por su parte, los socialistas recordaron que las competencias en materia de justicia están transferidas a la Generalitat Valenciana, lo que generó un nuevo cruce de reproches entre los grupos.

La traca final llegó en el turno de ruegos y preguntas, cuando el alcalde Toni Pérez pidió al grupo socialista que no utilice el insulto en sus intervenciones y la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, respondió con un nuevo ruego vinculado a la protesta de los bomberos provinciales que, desde primera hora, se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento para reclamar mejoras laborales.

Durante la sesión, dos representantes de los bomberos accedieron al edificio para entregar en mano sus reivindicaciones a Toni Pérez, por su condición como también presidente de la Diputación de Alicante, entidad de la que depende el Consorcio Provincial de Bomberos. Fuera, más de 200 efectivos protagonizaron una protesta sonora que incluyó cánticos, lanzamiento de huevos y un intento frustrado de acceder al salón de plenos, lo que generó momentos de tensión con la Policía Local, aunque sin incidentes graves.

El pleno también dio cuenta de varios asuntos de gestión, como la liquidación del presupuesto 2024, informes de intervención sobre estabilidad presupuestaria y la comunicación de sentencias judiciales, sin que se produjeran novedades relevantes en estos puntos.