¿En qué situación está la sentencia de 330 millones a Benidorm por los terrenos en Serra Gelada?

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que le condena a indemnizar con 283 millones de euros más intereses —hasta alcanzar una cifra cercana a los 344 millones— a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, como compensación por sus terrenos en la zona del APR-7 de Serra Gelada, que fueron declarados parque natural en 2005.

Tras la inadmisión del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo, y ante esta dura tesitura, el consistorio benidormense alega que la resolución vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, para evitar daños irreparables a las arcas municipales, solicita la suspensión inmediata del fallo.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado que el recurso, registrado el pasado 31 de julio, reclama la anulación de la sentencia 343 del TSJ y del auto posterior del 5 de junio, así como la retroacción de actuaciones para que se dicte un nuevo fallo ajustado al derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española.

Según el ayuntamiento benidormense, la resolución judicial impone “una indemnización sin precedentes en el urbanismo español” basada en “razonamientos contradictorios e inconsistentes”, al reconocer que los propietarios no cumplieron requisitos legales como la cesión, equidistribución o urbanización del suelo, pero sin considerar determinante este incumplimiento para el cobro.

Mientras se resuelve el recurso, el consistorio solicita la paralización de la ejecución al advertir, a través de un informe de Intervención, que sin financiación estatal o autonómica la ciudad entraría en “quiebra técnica”, con una “gravísima merma” en los servicios públicos. El documento también rechaza la opción de pagos parciales, por el perjuicio que supondría si finalmente la justicia diera la razón al Ayuntamiento de Benidorm en otros litigios aún abiertos.

Pérez ha defendido que su gobierno está ejerciendo “todas las vías posibles” siguiendo los informes técnicos y ha vuelto a apelar a la “cautela y tranquilidad”: “Si se diera el peor de los escenarios, este es el único gobierno capaz de sacar adelante una situación tan compleja”.

'Guerra' política

La controversia ha escalado al terreno político. La portavoz del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, ha exigido la dimisión del alcalde, asegurando que el informe de Intervención “confirma la quiebra técnica” alertada por los socialistas y “la hipoteca del futuro de varias generaciones”. Escoda ha recordado que Pérez votó a favor del convenio inicial en 2003, así como en su renovación en 2010, y ha acusado al alcalde de “actuar por impulsos” y “no calibrar las consecuencias de sus decisiones”.

Desde el equipo de gobierno, la portavoz y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha respondido que “el PSOE nunca se ha opuesto a las acciones marcadas por los técnicos municipales” y que en todas las Juntas de Portavoces “ha estado de acuerdo con la hoja de ruta”.

Caselles ha subrayado que “se han seguido determinaciones técnicas y jurídicas” para defender el interés general, y ha recordado que “existen varias sentencias en primera instancia favorables al Ayuntamiento” que cuestionan la validez de los convenios que originan la indemnización millonaria.

Lejos de noticias positivas para la ciudad de Benidorm, el caso APR-7 continúa en el proceso judicial, pendiente de que el Tribunal Constitucional decida si admite el recurso y si suspende la ejecución de la sentencia más elevada a la que se ha enfrentado un Ayuntamiento en España.